Publicado en elmundo.es. La Plataforma Justicia Para Todos, creada hoy por abogados, sindicatos y consumidores contra las reformas en materia de Justicia promovidas por el ministro Alberto Ruiz Gallardón, ha denunciado que suponen un ataque contra los derechos fundamentales recogidos en la Constitución.
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE),
los sindicatos UGT, CCOO, USO, STAJ y CSI-F y el Consejo de
Consumidores y Usuarios (que integra a once de estas organizaciones con
implantación nacional) han presentado hoy la plataforma con una idea
compartida: que medidas como las nuevas tasas judiciales y otras son una
privatización inconstitucional de la Justicia.
“Mañana la Constitución cumple 30 años, pero este texto hay que seguir defendiéndolo entre todos.
No queremos comprar nuestros derechos porque ya son nuestros, los
conquistamos nosotros”, ha señalado Carlos Carnicer, presidente del
CGAE, en una rueda de prensa.
Las organizaciones integradas en la
plataforma han destacado que la diversidad y amplitud social de su
composición pone de manifiesto el rechazo social y la gravedad de las medidas contra las que se posicionan.
Entre estas medidas han citado las nuevas tasas judiciales, que afectarán a ciudadanos y no solo a empresas, como sucedía hasta ahora, y también las normas sobre desahucios y las reformas previstas sobre el Registro Civil o de la Ley de Justicia Gratuita.
En este mismo sentido, han expresado su apoyo a las movilizaciones de la comisión que agrupa a todas las asociaciones profesionales de jueces y fiscales, también contraria a estas propuestas.
Ley de tasas
José Ramón Lozano, de Consumidores y
Usuarios, ha destacado que la Ley de Tasas dificultará el acceso a la
justicia de los consumidores en procesos por cantidades superiores a los
2.000 euros y también se ha quejado del doble sistema de tasas (fijas y
variables).
A ello se suma que los laudos arbitrales no
serán gratuitos como hasta ahora, todo lo cual beneficiará a las
grandes empresas, que podrán presionar con ese coste a los ciudadanos en
un proceso de negociación, ha denunciado también.
Además, ha considerado “muy limitada” la cobertura de justicia gratuita para unidades familiares sin recursos prevista por el ejecutivo.
Los representantes sindicales de UGT, CCOO y USO han
destacado que el cobro de tasas limita la capacidad de defensa frente a
los poderosos de los trabajadores (porque deberán pagar en lo Social
por recurrir sentencias contrarias y porque, en el caso de la función
pública, la Administración no pagará tasas en procesos de funcionarios
contra ella).
Además, han apuntado que la reforma de la Justicia se integra en una estrategia contra la capacidad de los sindicatos de defender a los trabajadores y
que se ha producido de manera autoritaria, sin diálogo con los
interlocutores sociales, y con el eje de la defensa de los poderosos
antes que la de los ciudadanos.
Como ejemplo de privatización de la Justicia los sindicalistas han citado que la reforma del Registro Civil prevé nuevas tasas al tiempo que pone esta oficina en manos de los registradores y notarios.