Publicado en www.lavanguardia.es
El Ejecutivo quiere agilizar los procesos civiles y contenciosos “sin mermar” las garantías ni derechos de los ciudadanos
El Consejo de Ministros aprobará el viernes un proyecto de ley para agilizar los procesos civiles y contenciosos, norma que ha recibido críticas desde diversos sectores al considerar que recorta derechos por limitar los recursos y que, según el Ministerio de Justicia, aumentará la seguridad jurídica.La reforma que estudiará el Gobierno agiliza el funcionamiento de los tribunales civiles y contencioso-administrativos “sin merma de garantías”, según ha asegurado hoy el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, que ha negado que la supresión o limitación de determinados recursos afecte a la tutela judicial efectiva.
El proyecto suprime el recurso de apelación en los juicios verbales en el orden jurisdiccional civil por razón de la cuantía, de tal forma que para asuntos de menos de 6.000 euros la sentencia de primera instancia será firme y no recurrible.
Campo ha recordado que el 85 por ciento de los asuntos de la jurisdicción civil -la competente para reclamación de cantidades, de pensiones de alimentos, separaciones o divorcios y desahucios, entre otros- que se recurren en apelación confirman la sentencia dictada en primera instancia por un Juzgado. Por ello, el hecho de que se suprima el recurso en este tipo de juicios verbales no disminuye las garantías del ciudadano.
Otro recurso afectado por esta reforma es el de casación ante el Tribunal Supremo en materia civil y contencioso-administrativa ya que eleva a 800.000 euros el límite de 150.000 euros que existe en la actualidad para poder recurrir ante el alto tribunal.
Según el secretario de Estado, los límites que se fijan a estos recursos reducirán los tiempos de la Justicia descargando a los órganos superiores de trabajo sin mermar las garantías de los ciudadanos. ”No supone una mayor garantía de éxito que existan 500 instancias judiciales ante las que recurrir”, ha insistido Juan Carlos Campo, que se ha referido a la “cultura del pleitismo”.
Por ello, ha negado que se vaya a hacer una Justicia para ricos sino que, ha indicado, se dotará al sistema de una mayor confianza y de mayor seguridad jurídica para el ciudadano.
De esta forma, y al limitar por razón de la cuantía el número de asuntos que llegará al Tribunal Supremo, éste reforzará su papel de unificación de doctrina y podrá cumplir su mandato constitucional de mejor manera a lo que hacía hasta ahora, ha explicado el secretario de Estado.
El proyecto -según ha subrayado- aborda también la subasta de bienes eliminando la posibilidad de que el acreedor pueda adjudicarse los inmuebles del deudor por una cantidad inferior al 50 por ciento de su tasación.
