La
portavoz Soraya Rodríguez y el diputado Antonio Camacho, miembro de la
Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, se han desplazado
este martes al Alto Tribunal acompañados por la ‘Plataforma Justicia
para Todos’, que reúne al Consejo General de la Abogacía, al Consejo de
Consumidores y Usuarios y a los sindicatos UGT, CCOO, CSIF, USO y STAJ,
para interponer ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la ley
de tasas judiciales al argumentar que las tarifas “abusivas,
desequilibradas e injustas” impuestas en la norma suponen “un atentado” y
“una quiebra del Estado de Derecho”.Han pedido agilidad a los magistrados del Constitucional ya que cada día que pasa los ciudadanos ven cómo se vulnera su derecho a la igualdad y a la tutela judicial efectiva, consagrados en la Constitución.
Soraya Rodríguez ha llamado a Gallardón a hacer “una reflexión profunda” sobre el hecho que “nadie le haya acompañado” en “una sola de las decisiones” que ha tomado desde que está al frente del departamento de Justicia.
“La primera y la segunda instancia también conforman el derecho constitucional, que se ha quebrado con una decisión equivocada, una más, del Gobierno”, ha remachado. El plazo para recurrir la Ley 10/2012, de 20 de noviembre finaliza esta misma semana al haber transcurrido los tres meses desde su aprobación.
“Cuotas desproporcionadas” con respecto a los salarios
Las cuotas son “desproporcionadas” respecto a los niveles salariales en España y en muchos casos superiores al valor de la reclamación, añaden.
Desde la ‘Plataforma Justicia para Todos’, Francisca Sauquillo, quien también es presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios, ha advertido de que las recomendaciones de la Defensora del Pueblo sobre las tasas no son suficientes para dar marcha atrás a la norma.
“Sin poder acceder a la Justicia, los demás derechos pueden quedar en un sueño, en el vacío porque no los pueden ejercer”, ha dicho.
Desde la USO, José Luis Fernández ha atribuido a un “afán recaudatorio” la imposición de estos gravámenes al entender que no mejorarán la Administración de Justicia, sino que solamente imponen trabas a los ciudadanos a la hora de ejercer legítimamente sus derechos.
“Pedimos al Gobierno que derogue la ley y sea sensible a la demanda de los ciudadanos”, ha añadido.
