El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro
de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha aprobado un Anteproyecto de Ley que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial,
con el fin de delegar en las Comunidades Autónomas que han asumido las
competencias de Justicia la gestión de la jubilación del personal al
servicio de la Administración de Justicia de los cuerpos generales y
especiales, así como las posibles prórrogas de permanencia en el
servicio.Con esta medida se persigue una agilización de los trámites de jubilación y una organización más eficiente, ya que se harán cargo de los mismos los órganos de las Comunidades Autónomas que ya gestionan todas las
demás materias relativas al estatuto y régimen jurídico de este personal.
Por otra parte, se suprime la constitución obligatoria de los tribunales delegados para el acceso a los cuerpos de los funcionarios de la Administración de Justicia, que en ocasiones han resultado poco
operativos e innecesariamente costosos, produciendo, además, un incremento de la litigiosidad. La supresión de esta obligatoriedad afecta a los tribunales delegados que intervienen en estas pruebas selectivas
realizando funciones meramente administrativas que pueden llevar a cabo otros órganos de esta naturaleza de la Administración autonómica. Estos tribunales delegados territoriales podrán seguirse constituyendo
cuando lo aconsejen circunstancias de carácter objetivo, como el tipo de pruebas a realizar, el contenido de las funciones a desarrollar o el número de plazas convocadas, atendiendo siempre a criterios de racionalidad.
El denominado Anteproyecto de Ley Orgánica complementaria de racionalización del sector público y de medidas de reforma administrativa incorpora las medidas aprobadas en la Comisión para la Reforma de las
Administraciones Públicas (CORA), constituida dentro del programa de reformas económicas gubernamentales que tienen como finalidad corregir ineficiencias y redundancias competenciales que implican gastos innecesarios y suponen falta de agilidad y transparencia.
