
El
último Consejo de Ministros aprobó el gasto de 28 de millones de euros
para el mantenimiento del servicio informático y gestión del puesto de
trabajo en la Administración de Justicia durante un período de dos años.
En definitiva, sigue el pozo sin fondo de la gestión de los programas
informáticos, cuando existen programas de código libre que abaratarian
los costes y siguen sin ponerse los medios para intercomunicar todos los
órganos judiciales y/o utilizar el mismo programa de gestión en todas
las comunidades para una mayor eficacia de la justicia.
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