El
anuncio de Feijoo de que la Xunta mantendrá en el 2014 el recorte que
aplica este año en las dos pagas extraordinarias de los 87.000
trabajadores a su servicio es la mecha que faltaba para dinamitar otra
vez las relaciones en el ámbito del empleo público. La decisión ha
enturbiado todavía más un inicio de curso que arranca con dos patatas
calientes para el Ejecutivo en este sector: el cierre de la orden sobre
control y flexibilidad horaria, y, sobre todo, del proyecto de Lei do
Emprego Público, una norma que la Xunta prefirió dejar enfriar en la
primavera pasada en vista de las ampollas que levantó entre los
sindicatos.
Pero la caldera ha entrado otra vez en ebullición con
la decisión de prorrogar en el 2014 la rebaja de las extras, que este
año abrirá un agujero medio del 4 % en las retribuciones de los
empleados de la Administración autonómica. Lo que Feijoo presenta como
una medida prevista, en cuanto su retirada está ligada a la recuperación
económica, ha sido recibido por los representantes de los trabajadores
como un golpe imprevisto.
Mientras las centrales planeaban aprovechar la
confección de los Orzamentos para reclamar mecanismos de recuperación
del poder adquisitivo perdido desde el 2010, que cifran en el 30 %, la
Xunta deslizó la continuidad por un año más de la rebaja de las extras.
Las centrales (CIG, CC.OO., UGT y CSIF) estudian una respuesta conjunta.
La semana que viene analizarán posibles movilizaciones, tras sondear la
disposición de los empleados. No quieren lanzarse a la piscina sin
comprobar antes que tiene agua. La estrategia sindical es situar al
Ejecutivo ante lo que consideran un discurso contradictorio. Reprocha
que presuma de rigor contable y de indicios de mejora económica mientras
carga el coste de la recuperación sobre el funcionariado, con
tijeretazos que no aplican la Administración del Estado ni otras
comunidades.
Publicado en lavozdegalicia.es
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