Publicado en farodevigo.es.
Los sindicatos de la administración de Justicia en Pontevedra (CSIF, CC
OO, STAJ, CIG, USO y UGT) anunciaron ayer que se suman a una campaña a
nivel estatal que tiene como objetivo forzar al Ministerio de Justicia a
dar marcha atrás en la ley que reformará los registros civiles y que
delegará esta labor en los registradores de la propiedad y mercantiles. La primera de las movilizaciones será mañana mismo con una concentración a las 11.30 horas ante la sede judicial de A Parda. También inician una campaña de recogida de firmas.Los sindicatos llamaron a la ciudadanía a sumarse a estas movilizaciones tras advertir de la fuerte repercusión que la medida tendrá entre los usuarios de este servicio. Para las centrales sindicales, la medida supone una “privatización inaceptable” de un servicio público que además afecta a derechos básicos de los administrados. Consideran que a partir de ahora los ciudadanos se verán obligados a realizar un “repago” por el uso de este servicio que ahora es “gratuito” por una sencilla razón, puesto que “ya lo pagamos vía impuestos”. De esta forma, señalan que trámites como una fe de vida, duplicados de libros de familia, certificados de nacimientos, defunciones…, es decir, certificaciones que habitualmente son requeridas para múltiples trámites administrativos, solo se podrán obtener a través de los registradores previo pago de un arancel. “De esta forma el Gobierno le está entregando a los registradores un negocio redondo”, señalaron los sindicatos. Tras recordar que el presidente Rajoy es registrador de la propiedad, señalan que detrás de la medida se encuentra un intento de que estos profesionales recuperen volumen de negocio perdido tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Los funcionarios advierten de que la nueva ley convertirá en obligatorios trámites que ahora no lo son y por los que también habrá que pagar. Por ejemplo, será obligatorio declarar expresamente el régimen matrimonial.
Adiós a los juzgados de paz
Los sindicatos de la administración de Justicia señalan que la medida también tendría un coste laboral con la desaparición o amortización de más de 3.000 plazas de funcionarios en toda España, unos 70 en la provincia. La ley también haría desaparecer los registros civiles y los juzgados de paz que asumen estas competencias en los pueblos, creando una única oficina a nivel provincial. Esto obligaría a muchos ciudadanos a desplazarse a la capital para realizar sus gestiones, lo que también implica nuevos gastos.
Para ver la noticia original pulsa aqui
