En realidad, la justicia en España no se para totalmente en agosto. Las instrucciones de los casos penales siguen su curso (aunque no se celebran juicios), y también funciona la actividad sobre derecho laboral o contencioso-administrativo cuando afecta a derechos fundamentales. Pero la actividad de derecho civil y mercantil prácticamente se paraliza. Esta última, la mercantil, es la que Ruiz-Gallardón quiere potenciar. De hecho, hoy solo ha puesto ejemplos relacionados con la actividad económica y los pleitos de las empresas.
El ministro, que participaba en el acto de imposición de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort al presidente del Colegio de Abogados de Ciudad Real, Cipriano Arteche, se ha referido también a la futura Ley de Demarcación y Planta, que supondrá una reducción del número de partidos judiciales y, por tanto, la concentración territorial de los juzgados. Aunque el Gobierno está preparando su propio proyecto, el Consejo General del Poder Judicial hizo público el suyo hace semanas, y ese plan (que propone reducir los partidos a la mitad: de 431 a 200) ha generado muchas resistencias y críticas, sobre todo en aquellos territorios, como Castilla-La Mancha, que temen dejar zonas desasistidas si se concentran los juzgados. Ruiz-Gallardón ha remarcado que el informe del Consejo “no es ni el informe ni el criterio del Gobierno”. El ministerio, ha dicho, tendrá en cuenta “la realidad de España, de Castilla-La Mancha y de Ciudad Real”. El proyecto de Ley de Demarcación y Planta estará listo después del verano.
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