27 dic 2010

El tijeretazo de la Región de Murcia

La Asamblea Regional de Murcia aprobó el pasado 23 de diciembre una Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, mientras miles de empleados públicos se concentraban en sus inmediaciones en protesta por las nuevas medidas adoptadas.
Entre las medidas más polémicas destacan:
  • Aumento de la jornada semanal, que pasa de 35 a 37,5 horas (funcionarios con dedicación normal) y 40 horas (con dedicación especial).
  • Supresión de la Oferta de Empleo Público
  • Reducción del coste de las sustituciones por bajas laborales
  • Reducción del complemento “efecto horario” del personal docente de 175 a 100 €/mensuales
  • Suspensión coyuntural de las aportaciones al Plan de Pensiones de la Administración Regional
  • Reducción de un 30 % del número de liberados sindicales
  • Reducción de la asignación a la Televisión Autonómica Murciana de hasta un 80 %
  • Supresión del 70 % de los Entes Autonómicos en el plazo de dos años
  • Suspensión de gastos de imagen exterior de la CCAA
  • Venta de los inmuebles improductivos propiedad de la CCAA
  • Modificación en la fiscalización de las Consejerías y Organismos Autónomos.

Las medidas fueron aprobados por 28 votos a favor del Partido Popular, y se unen a las reducciones ya acordadas por el Tijeretazo del Gobierno Central del pasado mes de Junio. Con estos ajustes, el Gobierno Autonómico pretende ahorrar 300 millones de euros.
La reacción de los compañeros y compañeras en la calle no se hizo esperar, y grupos de manifestantes intentaron impedir la salida de los parlamentarios, en medio de un fuerte dispositivo policial, que no dudó en lanzar pelotas de goma y porrazos para disuadir a los manifestantes más agresivos.
USO está en desacuerdo absoluto con algunas de las medidas tomadas, pero rechazamos como sindicato que se llegue a las agresiones físicas contra políticos. Este tipo de actitud se vuelve fácilmente contra nosotros y nuestras justas reivindicaciones.
Desde FEP-USO seguimos insistiendo que los trabajadores y trabajadoras no somos los culpables del despilfarro en las Administraciones Públicas, y no aceptaremos, en ningún caso, el recorte de derechos adquiridos.
No podemos caer en la trampa. Otra vez, y ya van demasiadas, parece que el único interés o excusa, de los políticos que aprueban estas medidas, es culpabilizar de la actual crisis a los empleados públicos y sus salarios. NO es verdad que las retribuciones de los trabajadores de las Administraciones Públicas, sean los culpables de la grave crisis económica.
Desde la USO tenemos muy claro dónde está la responsabilidad de la actual situación, y también que la solución no viene dada por el simplismo de reducir salarios de los trabajadores, que lo único que se consigue, es reducir el consumo y esto conlleva, menos demanda, menos producción y más paro. También desde USO, hemos propuesto múltiples propuestas de reducción de gasto en las AAPP, y hemos visto, como alguna Administración las ha recogido (tímidamente), entre sus medidas.
Como ya expresamos en nuestra propia convocatoria de Huelga General del pasado septiembre, además la USO tiene que ser crítica hacia las organizaciones sindicales Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores y también CSI.F, en su papel de convidado de piedra.
Porque han contribuido que se llegara a la situación existente de deterioro del empleo estable y de merma de derechos laborales y sociales, desde su permanencia y defensa a ultranza del vigente modelo de concertación social, así como al debilitamiento del movimiento sindical con su sectarismo excluyente en el manejo de un diálogo social del que han hecho de su continua persistencia su propia necesidad.
Igualmente, porque no han estado a la altura de la responsabilidad y de las circunstancias, al haber sido parte inactiva en vez de combativa de las ineficaces y contrarias políticas que se han venido acometiendo.
También por su persistente falta de visión y compromiso histórico por hacer con el conjunto del movimiento sindical un amplio frente con el que motivar y movilizar a los sectores sociales trabajadores contra el paro, la precariedad, la erosión del Estado del Bienestar y la pérdida de derechos laborales.
Empleados Públicos. Ni culpables, Ni pagadores