A
través de diversas fuentes, en USO hemos tenido conocimiento de que la
Fiscalía del Tribunal Supremo ha dado un importante respaldo a las
peticiones de los funcionarios y funcionarias de Justicia, al haber
solicitado la desestimación del recurso presentado por la Abogacía del
Estado contra la sentencia de un juzgado sevillano que ordenó la
devolución íntegra de la paga extra de que nos fue robada en 2012. Las mismas fuentes consideran que la sentencia que pueda dictar el Tribunal Supremo en la resolución del recurso puede ser clave, ya que si el mismo, que fue presentado por el Ministerio de Justicia y la Junta de Andalucía, es desestimado, esto implicará que podrán solicitar la extensión de la sentencia no sólo los funcionarios de Justicia de Sevilla, como hasta ahora, sino los de todo el territorio nacional.
El Gobierno Central se había personado en este recurso alegando interés de ley.
En sus alegaciones, el Abogado del Estado manifestaba que de confirmarse la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Sevilla -a las que con posterioridad se unirían varias sentencias ganadas por los servicios jurídicos de SPJ-USO en Galicia- podría causarse un grave daño para el interés general, pues “el importe económico al que podrían ascender las consecuencias de la generalización de dicha doctrina excedería de 27 millones de euros, pudiendo alzarse a más de 63 millones si se consideran afectados por una situación análoga todos los miembros de las carreras judicial y fiscal y los contratados laborales integrados en la Administración de Justicia, eso sin contar «los intereses correspondientes”.
El fiscal, en su escrito de alegaciones, discrepa en la forma en que se dictó el Decreto que supuso la supresión de la paga y la posterior modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para recoger esta eliminación, y considera que la sentencia recurrida incurre en una evidente infracción del principio de legalidad.
Noticia publicada en FEP-USO.ES
