Publicado en lavozdegalicia.es.
Por tercera vez consecutiva en menos de dos meses, el Parlamento
gallego salió ayer en defensa del mapa judicial de Galicia. Y lo hizo
revalidando el acuerdo alcanzado en esta materia por todas las fuerzas
políticas, a través del cual se expresan su «rotunda oposición» a la
reforma impulsada por el ministro Alberto Ruiz Gallardón, con la que se
pretende sustituir los 45 partidos judiciales que hay en la comunidad
por tan solo cuatro, uno en cada capital de provincia.
Pero hasta aquí llegó el consenso, pues durante el
debate de una iniciativa elevada por Alternativa Galega de Esquerda
(AGE) a la comisión Institucional no tardaron en aflorar las
discrepancias. La viceportavoz de esta coalición, Yolanda Díaz, acudió a
la sesión de ayer con un texto en el que apostaba por pedir formalmente
la «retirada» del anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial por
entender que va a suponer una «voadura controlada» del sistema judicial.
Tanto el PSdeG como el BNG apoyaron la petición de AGE
de un modo casi automático, del mismo que el PP abrazó automáticamente
la posición contraria, toda vez que la diputada Paula Prado se mostró
más partidaria de «debatir» en torno al texto que Gallardón puso sobre
la mesa que de «suprimir».
Llegados a ese punto, la diputada socialista Beatriz Sestayo se preguntó por qué no se retira la reforma, habida cuenta de que «ningún partido político está de acordo»
con el proyecto. El BNG, a través de su portavoz en materia de
Justicia, Tereixa Paz, consideró conveniente «aclarar» a qué está
jugando exactamente el Gobierno gallego, cuando en la práctica está
defendiendo que existan tribunales de instancia solo en las siete
ciudades, lo que supondría la erradicación de los de las cabeceras de
comarca.
La discrepancia mostrada en torno a la oportunidad o no
de pedir la retirada de la reforma judicial se recondujo, instantes más
tarde, a través de la enmienda de Paula Prado al texto defendido por
Yolanda Díaz.
AGE aceptó reescribir uno de los dos puntos de su
iniciativa con el PP, lo que permitió que se aprobara por unanimidad la
«rotunda oposición» a la implantación de los cuatro tribunales de
instancia provinciales en lugar de los 45 partidos judiciales. Pero el
otro punto, relativo a la retirada de la ley Gallardón, decayó, pues
solo contó con el apoyo de AGE, PSOE y BNG.
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