Publicado en elderecho.com.
El subsecretario de Estado de Justicia, Juan Bravo, ha reconocido este
lunes en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que la
vinculación de lo obtenido por las tasas judiciales a la justicia
gratuita dependerá de lo que se recaude, que en el tiempo que llevamos
de aplicación de la medida esta siendo menor de lo esperado, así como
del acuerdo que se llegue con las comunidades autónomas sobre la
financiación de este servicio.Este ha sido uno de los puntos que más discusión han motivado durante la presentación en el Congreso de los Presupuestos de Justicia para el próximo año, que tanto PSOE como Izquierda Plural criticaron por insuficientes.
Según ha detallado el secretario de Estado, Fernando Román, y posteriormente Bravo, los números del Ministerio de Justicia para el próximo año se sitúan según el Anteproyecto de Ley en en 1.500,75 millones de euros en 2014, lo que representa una caída del 2,7% respecto al año anterior.
Sobre la cuestión de las tasas, fue a Bravo a quien le tocó responder a las cuestiones plantadas por los diputados Pablo Martín Peré, del PSOE como Gaspar Llamazares, quienes se cuestionaron el cumplimiento por parte del ministro Alberto Ruiz-Gallardón del espíritu la Ley de Tasas y su aplicación de este dinero al coste de la Justicia Gratuita.
Cuestionaron, concretamente, por qué si se dijo que las tasas iban a servir para pagar los abogados de oficio los Presupuestos sólo destinen a este fin el diez por ciento de los 365 millones de euros que se estima que se recaudará con ellas.
Según ha explicado Bravo, desde su Departamento se ha abierto una mesa de diálogo con las comunidades autónomas sobre la financiación de la justicia gratuita en la que el Ministerio propuso una modificación del actual sistema que no fue aceptado por muchas de ellas, y además todavía no se ha puesto sobre la mesa ningún mecanismo alternativo.
A ello se une el hecho de que en los nueve meses que llevamos de aplicación de las tasas se haya recaudado bastante menos de lo previsto a causa del descenso de la litigiosidad, en especial en el ámbito Contencioso-Administrativo motivado por la Ley socialista de agilización procesal, que cambia el criterio de condena en costas.
Por todo ello, según el subsecretario, “la vinculación (a la justicia gratuita) prevista en el artículo 11 de la Ley de Tasas está supeditada a conocer cual es la recaudación efectiva y a alcanzar un acuerdo con las comunidades autónomas y el Ministerio de Hacienda para ver en que términos se alcanza esta vinculación”. En todo caso, ha garantizado que este servicio público queda cubierto con independencia de lo que ocurra.
Ante esta explicación, Martín Peré señaló que todo ello no quita que la Ley siga diciendo que son los Presupuestos los que determinan qué porcentaje de lo cobrado por las tasas va destinado a pagar abogados de oficio y, por tanto, la cifra prevista no pasa de ser consecuencia de la “voluntad política del Gobierno”.
Presupuestos austeros y realistas
Durante su intervención, el secretario de Estado Román calificó las cuentas de Justicia para el próximo año de “austeras, , realistas y tendentes a consolidar el objetivo de déficit”. Ha añadido que los de 2014 son unos presupuestos que van a exigir “un esfuerzo de racionalización, eficacia y máximo aprovechamiento”.
Román ha reconocido que en el Anteproyecto de Presupuestos se dan reducciones importantes y que por ello desde el Ministerio de Justicia seguirán “priorizando los objetivos” sin que por ello se produzca una merma en el servicio público. Entre los logros ya alcanzados, ha citado la reducción del coste de la justicia interina, que ” es ya una realidad”, y ha destacado el empeño del Gobierno en mejorar la interoperatividad entre los órganos judiciales, que es lo que genera “un beneficio tangible para los ciudadanos”.
Además, el secretario de Estado ha subrayado la proximidad de la presentación de importantes reformas legislativas por parte de Justicia, como serán la Ley del Aborto y el Estatuto de la Víctima; así como de la nueva Ley de Planta, respecto de la cual ya se cuenta con los informes de expertos que pueden ser consultados por todos en la página web del Ministerio. Román ha señalado que estos proyectos legislativos se presentarán en las Cortes antes de que finalice el año.
Además, el secretario de Estado ha anunciado que a lo largo de 2014 se incorporarán a los juzgados 204 nuevos jueces que están culminando ahora su proceso de formación y que se convocarán 50 nuevas plazas de jueces y fiscales a pesar de la restricción del Presupuesto, que este año se configuran como un “claro ejercicio de responsabilidad del gasto”.
Oposición
El diputado socialista Pablo Martín Peré realizó una valoración crítica de las cuentas presentadas porque, a su juicio, el Ministerio se plantea unos objetivos “irrealizables”. Ha indicado que el Gobieno del PP gasta casi cuatro veces más en controlar y castigar a nuestros ciudadanos mediante las partidas de Seguridad y de Instituciones Penitenciarias que en garantizar sus derechos mediante la Administración de Justicia.
Llamazares, por su parte, discrepa igualmente de la propuesta presupuestaria del departamento de Ruiz-Gallardón porque, a su juicio, asistimos a la “hibernación” del Ministerio de Justicia y a una “deconstrucción de la política judicial”, ya que al Gobierno le interesa más el debate del poder que el ejercicio de un servicio público.
“Vemos con preocupación una orientación privatizadora del servicio público de la Justicia”, ha indicado el diputado de Izquierda Plural en relación con proyectos como la reforma de los registros o la superación del actual mapa de distritos judiciales, que a su juicio supondrá la creación de una barrera en la accesibilidad geográfica a la Justicia.
Para el diputado popular José Miguel Castillo Calvín, sin embargo, la realidad demuestra que el Gobierno popular “hace más con menos”, al contrario de lo que hacía el gobierno socialista. Según este parlamenario, el Presupuesto presentado es suficiente para garantizar el servicio.
Números
A lo largo de su intervención, Román ha desgranado las previsiones presupuestarias y ha destacado que, como en ocasiones anteriores, la mayor parte del presupuesto (82,7 por ciento del total) corresponde a los gastos de personal que en el ejercicio 2014 alcanzará los 1.218 millones de euros, lo que supone un 2% menos que en 2013.
La disminución se debe a la desaparición de la figura del juez o fiscal sustituto mediante la profesionalización de las sustituciones por integrantes de las carreras judicial y fiscal.
Para incentivar el cambio de modelo, el Consejo de Ministros del pasado día 20 de septiembre aprobó un Real Decreto en el que se actualizaron las cuantías previstas para el pago de estas sustituciones y que hará posible que la mayor parte de ellas sean cubiertas por magistrados, jueces y fiscales de carrera.
El capítulo Seis, destinado a inversiones, asciende a 61,55 millones de euros, lo que implica una disminución del 17,87 por ciento, sin perjuicio de lo cual se cubren de forma suficiente y se consolidan las actuaciones derivadas del proceso de modernización tecnológica previsto para el ejercicio 2014 en el Plan de Acción de la Administración de Justicia 2012-2014.
En el capítulo de obras e infraestructuras, se aplicarán un total de 18,25 millones, la mayoría de los cuales son para continuar las obras de rehabilitación y ampliación de la Audiencia Nacional en Madrid (14,2 millones de euros).
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