Publicado en elpais.com. Jueces y fiscales denunciaron ayer los “movimientos especulativos” de bancos y cajas en las ejecuciones hipotecarias,
ya que han detectado que están retrasando intencionadamente las
subastas de pisos que preceden al desahucio, a la espera de que las
viviendas aumenten su valor y para no engrosar su pasivo en los
balances. Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales
advirtieron de que relegarán los asuntos iniciados por los bancos, entre ellos los desahucios,
que están “colapsando” los juzgados, si no se les facilitan los medios
adecuados para afrontarlos. “Las entidades han convertido los tribunales
en sus oficinas recaudatorias”, afirmó la portavoz de la mayoritaria
Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
Las asociaciones de jueces y de
fiscales hilaron en una comparecencia conjunta un duro discurso contra
las entidades bancarias, a las que acusan de “sobrecargar” los juzgados
después de “actuar negligentemente con operaciones financieras de
riesgo”, en palabras del portavoz de la progresista Jueces para la
Democracia, Joaquim Bosch.
Además de colapsar los tribunales con
un “espectacular” incremento de acciones, bancos y cajas “han paralizado
en ocasiones las ejecuciones, a la espera de conseguir un mejor precio
para los inmuebles que existen ahora en una bolsa de embargo y
ejecuciones”, advirtió la portavoz de la APM, María Teresa Sáez. Con la creación del llamado banco malo,
explicó Sáez, esperan una avalancha de bancos que reactiven los
desahucios y, entonces sí, se adjudiquen los inmuebles, para deshacerse
de ellos transmitiéndolos después al organismo.
Magistrados y fiscales entienden que
los asuntos que presentan los bancos en los juzgados —no solo las
ejecuciones hipotecarias— son especialmente complejos, ya que, según
Bosch, “incluyen cláusulas que en ocasiones son abusivas y, por tanto
nulas, y contratos de adhesión discutibles”, que requieren de un estudio
especial. En un contexto de “grave sobrecarga” en los tribunales, eso
significa que los asuntos de los ciudadanos particulares quedan en un
segundo plano, por lo que es conveniente establecer “un orden de
prioridades”. Proponen un “turno especial” para estos asuntos, pero
hasta que eso no sea posible, los relegarán si no se les facilitan
recursos para hacerles frente.
La amenaza de aparcar los litigios de
los bancos “no es retórica”, indicó Bosch, pero aún no ha sido aprobada
por las juntas de jueces. Lo que sí van a hacer a partir de este viernes
es “autorregularse”, fijando como carga máxima de cada juzgado los
módulos establecidos por el Consejo del Poder Judicial (CGPJ). Así, por
ejemplo, los dos juzgados mercantiles de Zaragoza, para los que el Poder
Judicial ha fijado módulos de 20 concursos de acreedores al año, y que
han recibido en 2012 más de 200, se limitarán a tramitar los 20 que dice
el CGPJ. Si el Gobierno no atiende a sus reclamaciones, tampoco
descartan ir a la huelga.
Los jueces y fiscales reclaman además
al Ejecutivo que retire el proyecto de ley de reforma del estatuto de
los jueces, la reforma del Consejo del Poder Judicial y que asimile la
inversión española en Justicia a la media europea. Los magistrados
extienden su oposición a la reforma del ministro de Justicia que pretende elevar las cuantías de las tasas por presentar recursos
y que pueden llegar a 800 euros, para pleitos laborales o
contencioso-administrativos, que estaban exentos. Eso sí, no ven con
malos ojos que las entidades bancarias paguen un extra. Lo apuntó la
portavoz de la APM: “Sí estoy de acuerdo con imponer determinadas tasas a
entidades que utilizan la Administración de Justicia para fines
privados” .
“Apoyamos la dación en pago”, dice la portavoz de la APM
María Teresa Sáez es la nueva portavoz
de la asociación mayoritaria de jueces, la conservadora Asociación
Profesional de la Magistratura (APM), en sustitución de Pablo Llanera.
Magistrada de la Audiencia Provincial de Málaga, de 51 años, cree que el reciente informe de siete jueces que denunció los abusos del sistema legal de desahucios es
“valiente” y “atiende a la realidad”. Sáez comparte con el estudio de
los magistrados que coordinó el vocal Manuel Almenar la necesidad de
regular la dación en pago, aunque no de forma generalizada. “Es
urgentísimo reformar la ley hipotecaria, no basta con recomendaciones”,
apunta.
La asociación cree que la dación (que
la entrega de la vivienda salde la deuda) debería beneficiar a quienes
no hayan adquirido la vivienda para especular y hayan pagado la hipoteca
en un porcentaje “razonable” que “evidencie la voluntad de pagar” del
deudor, “aunque la crisis se lo haya impedido”.
La APM está de acuerdo también con que
se articulen moratorias en los pagos de los préstamos, y pide a los
legisladores que no se amilanen con este asunto: “Nos gustaría que los
políticos volvieran la cara hacia el ciudadano medio y afrontaran las
reformas”.
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Publicado en elpais.com. Jueces y fiscales denunciaron ayer los “movimientos especulativos” de bancos y cajas en las ejecuciones hipotecarias,
ya que han detectado que están retrasando intencionadamente las
subastas de pisos que preceden al desahucio, a la espera de que las
viviendas aumenten su valor y para no engrosar su pasivo en los
balances. Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales
advirtieron de que relegarán los asuntos iniciados por los bancos, entre ellos los desahucios,
que están “colapsando” los juzgados, si no se les facilitan los medios
adecuados para afrontarlos. “Las entidades han convertido los tribunales
en sus oficinas recaudatorias”, afirmó la portavoz de la mayoritaria
Asociación Profesional de la Magistratura (APM).