El
pasado 4 de septiembre se celebró una reunión de la plataforma de
sindicatos y asociaciones profesionales constituida por 23
organizaciones de empleados públicos, constituida el pasado mes de julio.
El objetivo de la
reunión era, entre otros, planificar la celebración, el próximo 12 de
septiembre, de una Jornada de Lucha a nivel estatal, en defensa de los
empleados y servicios públicos, celebrándose concentraciones en los
centros púbicos de todo el Estado.
Con posterioridad, la
plataforma celebrará una reunión para coordinar nuevas acciones de
protesta ya que, pese a no haber detallado aún un calendario de
convocatorias, se ha puesto como objetivo reservar cada día de la semana
a movilizaciones de sectores concretos, y el viernes al conjunto de los
empleados públicos, para mantener así una lucha sostenida y dar
continuidad a los cinco “viernes negros” de agosto, celebrados en todo
el país, con cientos de concentraciones contra los recortes del
Gobierno.
La plataforma está
formada por los sindicatos y asociaciones FEP-USO, FE-USO, ACAIP, SIAT,
ASI, SISEX, S-LIBRE, STAJ, GESTHA, SATSE, CESM, USAE, ANPE, STEs-i, UFP,
SUP, UNIONGC, FETE-UGT, FSP-UGT, FSS-CCOO, FE-CCOO, FSC-CCOO CEP, AEGC,
CSIF y SPP, entre otros.
Las
organizaciones integrantes de la Plataforma consensuaron también la
redacción de un Manifiesto, en el que se denuncia el desprestigio que
está sufriendo la función pública y se recalca, una vez más, que hay
soluciones y vías alternativas para reducir el déficit público que
excluyan la política de recortes en la función pública: soluciones que
pasan por hacer efectivos los principios de igualdad, capacidad
económica y progresividad que han de inspirar nuestro sistema
tributario, así como por la mejora sustancial del control del gasto
público, que conlleve una asignación eficaz y eficiente de los recursos
públicos, sin recortar los gastos sociales ni afectar negativamente a
los empleados públicos.
Para ello, los
convocantes instan al Gobierno a la adopción decidida y urgente de las
medidas necesarias para afrontar una verdadera lucha contra la economía
sumergida y el fraude fiscal, la modificación de la actual desproporción
entre los tipos efectivos a los que tributan las grandes sociedades y
los que gravan a las microempresas y pymes, la implantación de un
impuesto a las transacciones financieras, la creación ,en el año 2013,
de un impuesto sobre la riqueza que supere los defectos y cierre las
vías de elusión del actual impuesto sobre el patrimonio, temporalmente
recuperado sólo para 2011 y 2012, que podría aportar 3.300 millones
anuales y la exclusión de las ganancias patrimoniales especulativas del
concepto de rentas del ahorro en el IRPF, así como la modificación de la
Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, para establecer un
porcentaje máximo de participación en las SICAV que no supere el 5% de
su capital máximo estatutario. Medidas que incrementarían la recaudación
en 1.500 millones anuales.
También se insta a los
gobernantes y a todas aquellas personas con relevancia mediática a hacer
recaer sus críticas sobre las verdaderas causas que han llevado a
nuestro país a la situación de déficit, paro y deuda pública en que se
encuentra y exigen a todos los responsables políticos una implicación
activa en la defensa de los empleados y servicios públicos.
