Publicado en www.lavozdegalicia.es
Al grupo del Partido Popular le bastó la
mayoría de 38 escaños que tiene en el Parlamento gallego para aprobar
la ley de medidas temporales de empleo público, que contó con el airado
rechazo de los 37 diputados de los dos grupos de la oposición. La
conselleira de Facenda, Elena Muñoz, fue la encargada
de subirse por primera vez a la tribuna de oradores de O Hórreo para
defender como «necesaria, oportuna e imprescindible» la norma que
introduce una serie de recortes en las condiciones laborales de los
empleados de la Administración autonómica, con los que la Xunta prevé
ahorrar 80 millones de euros al año.
Tanto el PSdeG como el BNG alertaron de
que el texto provocará una merma en la prestación de los servicios
públicos. «Cando poñen nun papel que non van a cubrir as baixas, están
dicindo que vai haber menos persoal sanitario», denunció el socialista Lage Tuñas, mientras el nacionalista Suárez Canal negó la versión del Ejecutivo al alegar que «sí que se recorta» a retribución dos empregados públicos.
El popular Rodríguez Miranda
se encargó de defender la iniciativa, poniendo en valor la
profesionalidad de los empleados públicos al afirmar que «non se vai
haber deterioro nos servizos públicos porque o compromiso dos
funcionarios vai a ser aínda máis firme».
El pleno tuvo que ser interrumpido unos
instantes para que los servicios de seguridad desalojaron a un grupo de
unos treinta funcionarios que exhibieron carteles de protesta y que
seguían la sesión desde la tribuna de invitados. Tras su desalojo fueron
indentificados todos ellos por la policía.
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