En La Voz de Galicia, edición de Ourense, del día 22 se publicaba el siguiente artículo.
Los dos juzgados penales de la capital ourensana comienzan a sufrir síntomas de colapso ante la multiplicación de asuntos que están soportando desde hace algunos meses. Los datos de esta misma semana hacen referencia a que el incremento de casos a los que deben hacer frente, sobre todo ejecuciones de sentencias, ha aumentado cerca del 60% respecto al año anterior, lo que supone una carga de trabajo que los funcionarios ya no pueden asumir. No, al menos, sin que los retrasos en esas ejecuciones, y por ende en el funcionamiento general del propio juzgado, se hagan cada vez mayores.
Y es que desde la fecha en la que fueron creados los dos juzgados de lo penal -1990 y 1995- nada se ha movido el personal que sustenta ambas instancias. La realidad es que ocho funcionarios se hacían cargo entonces de los asuntos y ocho funcionarios siguen haciéndose cargo a día de hoy de un trabajo, que, eso sí, se ha multiplicado de forma vertiginosa.
Cambios legislativos
Mucho más con los recientes cambios legislativos, sobre todo los relativos a la seguridad vial. La ley ha contemplado que se penalicen nuevas conductas pero no ha dispuesto en los juzgados nuevos medios, técnicos y humanos, para afrontar esos cambios. Así lo aseguran desde el sindicato de justicia SPJ-USO, desde donde no solo se constata la multiplicación en los asuntos, sino que además se augura un más que cercano colapso en estos juzgados.
«Se ha registrado un importante aumento en los asuntos que entran en los juzgados penales, sobre todo las ejecutorias y procedimientos abreviados, debido a los cambios en la legislación vial y a los delitos de violencia de género», explica Francisco Javier Álvarez, quien constata, como responsable de la central SPJ-USO, la situación que esto genera. «Los juzgados no solo tienen que ejecutar, sino también señalar asuntos y celebrar juicios, y se está creando una descompensación importante», afirma.
El inmediato refuerzo del personal en ambos juzgados, que desde este sindicato se considera como una medida «urgente» e incluso la creación de un servicio común de ejecuciones -para ambos juzgados penales y con una plantilla propia- podría ser la solución a un conflicto que, de no remediarse a corto plazo, generará un grave problema que terminará afectando, de manera inevitablemente, al ciudadano. «A este paso, terminaremos el año 2007 con 250 ejecutorias más que el año pasado, teniendo en cuenta además que las situaciones de crisis económica siempre generan más asuntos judiciales», advierte Álvarez.
Con estos parámetros, la perspectiva de cara a los próximos meses no parece nada alentadora y de ahí que se reclame a la Xunta que acometa medidas urgentes.
