El escaso esfuerzo presupuestario, la falta de medios tecnológicos, la sobrecarga de asuntos, la lentitud en la resolución de conflictos y la ínfima planta judicial, han convertido a la Justicia en una Administración impotente, incapaz de resolver los problemas de los ciudadanos.
La Justicia española se encuentra en una situación delicada. Su ritmo es demasiado lento para resolver los litigios de los ciudadanos y para dar una respuesta rápida cuando se solicitan medidas cautelares o se incoa un procedimiento abreviado. Las causas de que esta Administración no funcione correctamente son multifactoriales (falta de presupuesto, sobrecarga de trabajo de los jueces, falta de medios materiales y personales, informatizar los juzgados, demasiada introsimisón de políticas judiciales, etcétera).
Este mal endémico, que dura varias décadas, ha vuelto a tener otro brote de alarma social. El caso Mari Luz ha dejado en evidencia al Poder Judicial al desvelar la falta de control de las ejecutorias. Un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) revelaba que hay cientos de miles de sentencias sin ejecutar. Por ello, es necesario abrir un debate profundo y serio sobre las causas del mal funcionamiento de la Justicia o ¿es que no interesa? Para analizar los porqués de esta preocupante situación y proponer posibles soluciones, LA GACETA y El Derecho Editores han organizado una nueva edición de los Desayunos Legales, en la que han contado con cuatro reputados magistrados.
Una de las conclusiones de los invitados para agilizar la Justicia fue la necesidad de recuperar la figura de los jueces de distrito (desaparecidos con la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985), pero sin connotaciones políticas en su elección, es decir, a través de una oposoción objetiva. Con estos profesionales se descargarían de trabajo todos los órdenes jurisdiccionales. Así, José Luis Requero, vocal del CGPJ, manifestó que “uno de los mayores errores históricos que se han cometido fue suprimir la figura de los jueces de distrito”. Otra de las medidas para desatascar el colapso judicial sería la mediación, esto es, llegar a acuerdos antes de judicializar el pleito.
Los ponentes comenzaron su intervención tomando el pulso a la salud judicial. Javier Gómez de Liaño, abogado y magistrado de la Audiencia Nacional en excedencia, explicó que “la inflación de asuntos judiciales y la extraordinaria sobrecarga que sufren los jueces está provocando que los ritmos de esta Administración sean desesperantes”. Gómez de Liaño ilustró esta idea con un caso paradigmático: el Tribunal Supremo (TS) tardó siete años en resolver un recurso de uno de sus clientes, y cuando el bufete quiso comunicárselo, éste ya había fallecido.
¿Y quién ha causado este marasmo judicial? Unanimidad en el diagnóstico: los cuatro magistrados señalaron con el dedo acusador a la clase política. A pesar de que reconocieron que se han producido innovaciones y esfuerzos por parte de la Administración, todos afirmaron sin ambages que a ningún gobierno, con independencia de su color, le interesa que la Justicia funcione bien. Un ejemplo de que esta aseveración es cierta lo puso Requero: “En la jurisdicción contencioso-administrativa interesa que la Justicia sea cada vez más lenta, prueba de ello es que cuando se acomete una reforma en este ámbito, se le atribuyen nuevas competencias, por lo que aumenta la sobrecarga. Igual sucede en materia laboral con el personal estatutario”. Gómez de Liaño añadió: “Una Justicia que funcione bien es muy peligrosa”.
El magistrado del TS, Ángel Juanes, reprochó a los políticos que no toman decisiones basadas en un criterio práctico. Y es que, según señaló Requero, “desde que se aprobó la Constitución, sólo se ha actuado en función del interés político y no social”. El mapa judicial es un buen ejemplo de ello. “Se aprueban muchos órganos jurisdiccionales para contentar al alcalde de turno porque Cartagena no quiere ser menos que Murcia”, ilustró el vocal del CGPJ. Esta política fue tildada de “facilona”, “simple” e “ineficaz”.
Otro punto del debate fue el cumplimiento de los plazos legales de abogados y jueces. Liaño afirmó que es “extremadamente injusto que los letrados tengan que cumplir con severidad estos plazos mientras sus señorías no. Cuando la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo construyó una atenuante analógica de dilaciones indebidas es que el propio órgano se daba cuenta de la pereza de muchos tribunales”.
María José García-Galán, magistrada-juez del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, defendió a la judicatura: “Salvo barrer y fregar el juzgado, el juez tiene que ocuparse de todo. Cada vez se nos exige más y cada vez entran más asuntos complejos. Debemos reconocer el esfuerzo que se está haciendo porque estamos realmente saturados”. Requero matizó y le contestó que “cada juez tiene un secretario que se ocupa de organizar el trabajo”. García-Galán reprobó a los abogados su afán por la judicialización: “Hay muchos pleitos inventados que contribuyen a congestionar los juzgados”. Gómez de Liaño reconoció que los letrados no evitan los juicios porque suelen salir rentables. El magistrado del TS y el vocal del CGPJ reprendieron a los secretarios judiciales por “su obsesión por conseguir las mismas competencias que los jueces, cuando de lo que se deben preocupar es de ser expertos en la organización de los órganos jurisdiccionales para descargar a los magistrados”.
Depuradas las responsabilidades, se propusieron soluciones. Todos los ponentes insistieron en que no sólo hay que aumentar los medios, sino aprender a racionalizarlos. “No puede ser que en algunas salas del Supremo no haya trabajo y otras estén saturadas mientras hay magistrados desaprovechados”, enfatizó Juanes. Siguiendo con el capítulo económico, los ponentes debatieron si sería más eficaz que el propio CGPJ administrase los presupuestos, en lugar del Ministerio de Justicia. Liaño lo defendió afirmando que la independencia judicial debe ir acompañada por la económica.“Las experiencias de autogobierno judicial han sido insatisfactorias porque no sabemos administrarnos”, apuntó Requero.
Una de las peticiones más reivindicadas fue la necesidad de modernizar la Administración. “El Ministerio de Justicia ha creado muchos programas informáticos, pero todos poco inteligentes y desarrollados”, denunció Juanes.
