Fuente: El País, edición Galicia, 9.8.06
La Justicia gallega está lejos de figurar entre las más eficientes del Estado. O al menos así se desprende de la ecuación que ofrecen los datos del Consejo General del Poder Judicial: con una escasa litigiosidad y una mayor proporción de jueces es, sin embargo, una de las que menor proporción de asuntos resuelve, lo que la sitúa como la tercera más congestionada de España y pone en entredicho el derecho constitucional a una tutela judicial efectiva.
Las estadísticas desmontan la tradicional imagen, rural y minifundista, del gallego pleiteante, para mostrar una realidad más actual y urbana y concluir que, en 2007, Galicia se situó como la séptima menos litigiosa de las 17 comunidades autónomas, con casi 154 asuntos registrados por cada 1.000 habitantes, que contrastan con una media española de 185. Sólo en seis territorios se pleitea menos que en Galicia, cuya litigiosidad queda muy lejos de los casos extremos de Madrid, Andalucía o Valencia, con más de 200 asuntos por cada mil vecinos.
Sin embargo, Galicia es, con 10,4 jueces por cada 100.000 habitantes, la sexta con mayor proporción de magistrados, por encima de la media española de 9,8 y a considerable distancia de comunidades mucho más pleiteantes, como son los casos citados de Valencia y Andalucía, con ratios de 8,8 y 9,4.
Esta cierta ventaja dentro del marasmo generalizado de la administración de justicia en España no impide, sin embargo, que la comunidad gallega sea una de las más congestionadas, la tercera que menos expedientes resuelve en proporción a los que ingresa anualmente y deja pendientes del año anterior. Los órganos judiciales autóctonos comenzaron 2007 con 135.968 asuntos pendientes, ingresaron otros 426.176, resolvieron 419.127 y dejaron sobre la mesa al acabar el año 144.714.
Cada uno de los 223 juzgados y tribunales gallegos ingresó el año pasado una media de 1.911 expedientes y resolvió 1.880, lo que no sólo atestigua ese aumento de la congestión y la pendencia. En comparación con el resto de los territorios judiciales, esas cifras sitúan a la justicia gallega como la sexta que menor promedio de resolución alcanzó por órgano judicial. De haber llegado a la media española de 2.395 asuntos resueltos por órgano judicial, los de Galicia hubieran cerrado el año pasado 114.958 asuntos más y reducido la pendencia a niveles mínimos.
Las diferencias son notables entre las cuatro provincias, y si cada órgano judicial de las de A Coruña y Pontevedra resolvió el año pasado una media de más de 1.900 asuntos, los de Lugo y Ourense concluyeron poco más de 1.400 cada uno.
En el caso de los juzgados de lo penal, sólo los seis de la provincia pontevedresa alcanzaron una resolución media ligeramente superior al módulo de 450 asuntos, que establece el Poder Judicial como carga máxima de trabajo que razonablemente puede soportar un juez. Los diez de A Coruña terminaron 2007 con un promedio de 416 asuntos resueltos, y los dos de Ourense y otros tantos de Lugo no llegaron a los 350 cada uno. De haber aplicado el módulo, al final de 2007 estos cuatro juzgados no hubieran dejado ningún pleito pendiente.
En un informe de 2006, el Poder Judicial precisaba que “una adecuada dotación en la plantilla fiscal propicia una mayor calidad de la justicia y tiempos de respuesta más reducidos”. Pero tampoco Galicia se ve perjudicada en este reparto, puesto que su ratio de fiscales por cada 100.000 habitantes era entonces la segunda más elevada del país.
Con tantas ventajas comparativas, ¿a qué se debe la menor eficiencia de la administración de justicia en Galicia? El portavoz de justicia de FSP-UGT, Pedro Galán, defiende el quehacer de los funcionarios judiciales y asegura que la tramitación de los asuntos “está al día”, de suerte que “el cuello de botella se produce en la resolución”, es decir, en la labor de jueces y magistrados.
Un dato reciente valida en parte esta opinión: a 1 de enero de 2008, Galicia figuraba como la comunidad con mayor movilidad judicial, de forma que sólo el 77,4% de los jueces seguía en el mismo puesto que al empezar 2007. El 22,6% restante había sido trasladado a otro juzgado de la misma provincia, a otra provincia gallega o a otra comunidad autónoma. Y a mayor inestabilidad judicial, menor eficiencia.
El presidente en funciones del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Antonio González Nieto, suscribe esta explicación, pero apunta otras, entre ellas un sistema de nombramiento de personal interino “totalmente defectuoso”. Sostiene que la especialización del trabajo en la oficina judicial determina que la baja temporal de uno o dos funcionarios se traduzca “en una demora que afecta a todo el departamento”. Cuando ocurre esto, se acude a una bolsa de interinos en la que frecuentemente se encuentran personas sin formación previa “que nunca han estado en un juzgado y que, más que un refuerzo, a veces son un problema”.
En todo caso, González Nieto asegura que “muchos jueces están trabajando por encima de los módulos” establecidos por el CGPJ, aunque reconoce también que una menor carga de trabajo en un juzgado puede conducir a que su titular “se acomode” a esta menor exigencia de capacidad resolutiva.
