
Es de justicia, porque así lo han venido señalando distintas sentencias impulsadas a título particular por funcionarios, y es de ley, porque esa es la vía escogida por la Xunta de Galicia para ejecutar la devolución. Así lo ha plasmado el Ejecutivo autonómico en un documento trasladado a los sindicatos sobre el que comenzarán a negociar de manera inmediata. El debate será más amplio, pero ese punto de partido se da por amortizado, porque con todos los filtros preelectorales que se quieran, la noticia ha caído bien entre los representantes de los trabajadores públicos, que sin duda tratarán de continuar con la reconquista salarial.
La medida, al tramitarse como proyecto de Lei a través del Parlamento, permite extender la devolución al personal funcionario, personal laboral, personal estatutario de sanidad, docentes -incluidos los universitarios y de enseñanza concertada- y los trabajadores de entidades instrumentales, los llamados chiringuitos públicos. Esta vía evita a su vez que los funcionarios tengan que recurrir a los juzgados individualmente y supone vincular el pago al ejercicio en el que se recibe el importe, porque de otra manera cada funcionario debería hacer una declaración complementaria del IRPF del año 2013.
La devolución se producirá en dos plazos. La mitad se abonará este año -siempre que supere a tiempo la negociación laboral y el debate parlamentario- y el otro 50 % a lo largo del 2017. Será un trámite «rápido», según apuntan desde la Consellería de Facenda, y para la Administración supondrá un desembolso total de unos 25 millones de euros, con un importe medio de 180 euros por trabajador.