Publicado en Lavozdegalicia.es
La subida salarial del 1 % romperá en el 2016 cinco años con la rebaja del 5 %. La Xunta completará el año que viene el reintegro de la extra del 2012, pero mantendrá recortes hasta el 2017
Los empleados públicos han sido una pieza fundamental en la estrategia de los Gobiernos, tanto del central como de los autonómicos, para intentar capear la crisis. Y ahora que la economía empieza a recuperar el pulso, y se aproximan las convocatorias electorales, llega el momento de zurcir los recortes ejecutados a golpe de tijera. Los anuncios se multiplican y las medidas se ponen en marcha. Pero a cuentagotas. Porque se ha suprimido mucho y la factura de reponerlo es muy elevada. Solo la devolución de la mitad de la paga extraordinaria de diciembre del 2012, que recortó el Gobierno de Rajoy, supondrá un desembolso para las arcas de la Xunta de 92 millones en el 2016. De momento, los mensajes de vuelta a la normalidad para los funcionarios llegan más lejos que el alcance real de los compromisos políticos.
Las medidas de mayor calado adoptadas hasta ahora se centran en el reintegro de esa paga y en la subida del 1 % en la retribución de los trabajadores públicos a partir del 1 de enero próximo, que también favorecerá a los altos cargos. Este incremento, que el Ejecutivo central ya anunció a finales de julio, ha quedado recogido en el proyecto de Orzamentos para el 2016 que la Xunta aprobó y entregó al Parlamento esta semana. Es la primera buena noticia que reciben los 2,5 millones de empleados al servicio de las administraciones públicas en España desde que, en la primavera del 2010, empezaron a sufrir una merma en sus nóminas que, casi cinco años y medio después, sigue menguando su poder adquisitivo.
Puesta en el contexto de los recortes que arrastra el sector, esa subida del 1 % tendrá un efecto muy limitado. Los empleados públicos mantienen su sueldo congelado desde que, en junio del 2010, el Gobierno de Zapatero se lo rebajó un 5 %. El impacto de ese tijeretazo se acentuó en el 2012, con la referida supresión de la extra de diciembre que los trabajadores han comenzado a cobrar parcialmente este año. Pero en Galicia se agravó todavía más en el 2013, con una medida que, además, introdujo un agravio para el personal al servicio de la Xunta y de las tres universidades (93.815) respecto a los empleados del Estado, diputaciones y ayuntamientos en las cuatro provincias (55.833). Mientras estos últimos han cobrado sus pagas extras íntegras, los de la Xunta y las universidades las reciben desde el 2013 mutiladas. En concreto, sin el complemento específico, lo que se traduce en un recorte del 4 % en la retribución media anual de cada trabajador.
El Ejecutivo de Feijoo ha incorporado medidas en la Lei de Orzamentos del 2016 para garantizar que esos casi 94.000 empleados percibirán el año que viene la mitad de la extra que no cobraron en el 2012, una vez que con la nómina de enero pasado recibieron el 25 % y con la de este mismo mes ingresarán otra cuarta parte, que supondrá 400 euros adicionales de media. Para asegurar la devolución del 50 % restante (800 euros por trabajador), la Lei de Orzamentos establece en el capítulo I la creación de un fondo dotado con 92 millones. Eso sí, la Xunta no ha concretado a las centrales sindicales si abonará ese reintegro en un solo mes o en varios a lo largo del año que viene.
A lo que sí se ha comprometido el Ejecutivo autónomo es a consolidar en las cuentas del 2017 ese fondo de 92 millones, con el propósito de restablecer en ese ejercicio la paga del complemento específico de las extras que los trabajadores ahora perciben recortadas. De este modo, los 94.000 empleados de la Xunta y las universidades volverán a cobrar íntegras en el 2017 esas dos pagas adicionales que tienen recortadas desde el 2013.
Pero por el camino esos trabajadores perderán lo que dejaron de ingresar en los cuatro años en los que habrán soportado esa merma retributiva. Porque la Xunta no aplicará con el recorte del complemento específico de las extras el mismo criterio por el que el Gobierno central acordó la devolución de la paga adicional de diciembre del 2012. En definitiva, esos 94.000 empleados al servicio de la Administración gallega y de las tres universidades no verán un euro de lo que la Xunta les está quitando en las extras. De nuevo, la explicación remite a los cientos de millones de euros que tendrían que salir de las arcas autonómicas para satisfacer una demanda que los sindicatos ya pusieron sobre la mesa.
UN SECTOR, DOS VELOCIDADES
Por tanto, esos 94.000 trabajadores públicos habrán contribuido con sus sueldos a una recuperación económica para la que ni el Estado ni las administraciones locales requirieron un esfuerzo similar de los otros 56.000 contratados en Galicia. Los sacrificios exigidos al sector en nombre de la crisis tienen en esta comunidad dos velocidades.
Además de la todavía contenida mejora que las retribuciones experimentarán en el 2016, el funcionariado también es el destinatario de otros guiños electorales que redundarán en avances en sus condiciones laborales. Es el caso de los días adicionales por antigüedad. Facenda cerró la semana pasada un acuerdo con UGT, CC. OO. y CSIF por el que los empleados públicos recuperarán hasta tres días libres más este año en función de su antigüedad. El acuerdo, que contempla un tope de cuatro para los más veteranos, amplía hasta el 30 de abril del 2016 el período de disfrute de los tres correspondientes a este ejercicio. Los trabajadores de la Xunta, que ya pueden solicitar esos días, tendrán así los 6 que también disfrutan los de la Administración del Estado, aunque no recuperarán los tres de los que disponían a mayores antes de los recortes.
El Gobierno gallego también planea convocar una oferta pública de empleo en los primeros meses del año próximo, ajustada al máximo que permite la legislación estatal, esto es, una tasa de reposición del 50 % de las plazas que quedan vacantes en Administración general y del 100 % en los servicios esenciales. Esa medida mitigará el fuerte impacto de las restricciones en las convocatorias de los últimos años. De hecho, las 1.163 plazas ofertadas por la Xunta en este 2015 son más que en los tres años anteriores.
Entre enero del 2010 y el mismo mes del ejercicio en curso, las distintas administraciones prescindieron en Galicia de 9.532 plazas. Solo en Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía y Canarias superaron un ajuste que, en la comunidad gallega, afectó en mayor medida a los concellos y diputaciones, con 5.608 empleos menos en ese período.
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