Publicado en lavozdegalicia.es.
Alberto Ruiz-Gallardón colocó ayer un nuevo hito en esa carretera de
curvas imposibles que es su errática gestión dentro de la Administración
Rajoy. Ante el clamor social, claudicante, viajó hasta Santiago para
contar a España que su reforma del poder judicial, finalmente, en poco o
nada se parecerá a la que en un principio había esbozado. El bandazo,
en la práctica, servirá a Galicia para conservar sus actuales 45
partidos judiciales, los cuales iban a desaparecer, y para contar con un
tribunal de instancia por cada una de sus ciudades: siete, frente a los
cuatro inicialmente previstos. En clave interna, el presidente de la
Xunta, Alberto Núñez Feijoo, ha ganado al ex alcalde de Madrid un reñido
pulso sobre la mesa del PP.
Con el objetivo de que
vaya entrando en vigor, gradualmente, antes de que concluya la
legislatura 2011-2015, el Ejecutivo central planea aprobar en septiembre
un proyecto de ley orgánica para remodelar el mapa judicial español.
Aunque Ruiz-Gallardón sostuvo ayer en Compostela que la esencia del
documento original perdura, en realidad, su contenido diferirá
sustancialmente del borrador al que el Consejo de Ministros había dado
luz verde el 4 de abril. ¿La razón? Según el promotor del documento,
tres, básicamente: «Disfunciones territoriales» obviadas a priori,
«sugerencias» planteadas por «muchas» comunidades autónomas y, sobre
todo, una «reflexión a la que nos ha llevado la Xunta [...] con sus
informes, estudios y propuestas intensas».
Hasta el momento
condenados a la extinción, todos los partidos judiciales seguirán
existiendo, si bien agrupados y dependiendo de tribunales de instancia.
En su funcionamiento se introducirán «criterios de flexibilidad» que,
entre otras cosas, permitirán reasignar efectivos «en función de las
necesidades». Además, en situaciones de «sobrecarga de trabajo», asuntos
de una demarcación saturada podrán ser desviados a otra, siempre que
las dos pertenezcan a una misma zona geográfica de adscripción. Si esta
futura medida hubiese regido, por ejemplo, durante la instrucción del
caso del naufragio del petrolero Prestige, el sistema en Corcubión no se
habría colapsado, esgrimió Ruiz-Gallardón para vender la idea en
positivo.
En el fondo, tampoco serán
eliminados por completo los juzgados de paz, sino simplemente cambiados
de nombre, pues pasarán a llamarse oficinas, «con lo que se preservará
la proximidad con el ciudadano». De hecho, la reforma no supondrá el
cierre automático de una sola sede judicial de ninguna clase.
«Requisitos objetivos»
Asimismo, no se crearán
tribunales de instancia solamente en las capitales de provincia. Como
«excepcionalidad», a petición de cada comunidad y con los preceptivos
informes favorables, podrán habilitarse también en localidades que
reúnan ciertos «requisitos objetivos», fundamentalmente, disponer ya de
un mínimo de unidades judiciales «suficientes»: una en el orden
contencioso-administrativo, social y civil y, como poco, cinco en el
penal, una para instrucción, una para el enjuiciamiento individual y
tres para el colegiado. Traído a lo cotidiano y al ámbito gallego, eso
permitirá constituirlos, además de en A Coruña, Lugo, Ourense y
Pontevedra, en Vigo, Santiago y Ferrol. Por lo tanto, la principal
exigencia formulada por alcaldes, magistrados, fiscales, procuradores y
abogados, entre otros colectivos indignados con el ministro del ramo,
queda satisfecha.
Pese a la marcha atrás en
toda regla que constituyen todas estas novedades, en su comparecencia,
el titular de la cartera insistió en que la reforma redundará igualmente
en la consecución de los objetivos que perseguía desde que la lanzó en
forma de anteproyecto. O sea, en su opinión, los tiempos de respuesta se
verán reducidos, disminuirá la «elevada» litigiosidad en el país,
aumentará la seguridad jurídica y las resoluciones de los togados
«mejorarán en calidad».
Todo ello lo declaró ante
la prensa junto a un Feijoo visiblemente satisfecho por el resultado de
las presiones que, junto con su número dos, Alfonso Rueda, llevaba meses
ejerciendo. «Hoy es un gran día para Galicia», valoró el mandatario
popular, quien atribuyó a Ruiz-Gallardón el mérito de emprender una
remodelación del sector tan «difícil» como «atrevida». «Era necesario
reconocer la realidad territorial de Galicia. [...] Hay un Gobierno que
ha entendido y aceptado los hechos», apostilló.
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