Publicado en abc.es. 1.- Sobrecarga de trabajo.
Nueve millones de asuntos ingresaron en los tribunales en 2012, lo que
significa que uno de cada cinco ciudadanos acudió a la Justicia, cuando
en Francia, con 20 millones de habitantes más, lo hicieron dos de cada
cinco. Con una media de diez jueces por cada 100.000 personas
(la media europea es de 21,3), es fácil entender una de las causas del
colapso de la justicia en España: los 5.171 jueces que forman parte de
la carrera están absolutamente saturados, sin poder dar salida a los
casos que se amontonan en los juzgados. Por contra, por cada juez hay 26
abogados, solo en Madrid casi 40.000, el doble de los que ejercen en el
país vecino, por seguir con la comparación, y los mismos que en todo el
Reino Unido.
La situación se ha agravado con la crisis, que ha colapsado especialmente los juzgados de lo Mercantil y de lo Social.
Cláusulas de suelo, preferentes, desahucios, reclamaciones de cantidad,
despidos… En ciudades como Sevilla, por ejemplo, están señalando
juicios laborales para febrero de 2017. No en vano la jurisdicción
Social (laboral) fue la que en 2012 registró el mayor incremento de
asuntos: un 6 por ciento respecto al año anterior: a los juzgados
llegaron 463.810 nuevos casos de esta índole. A finales de año quedaban
por resolver 329.705.
Una de las conclusiones que se extraen de estas cifras es
que, junto con otras medidas de carácter procesal igualmente necesarias,
hay que crear más plazas de juez,
y más en un momento en el que se ha tomado la decisión de prescindir de
los 1.500 sustitutos que, sin ser profesionales, al menos contribuían a
desatascar los juzgados. No se activó un plan B y hoy son los jueces en
activo los que están pagando las consecuencias de esta falta de
previsión: ahora son ellos los que tienen que sustituirse entre sí, lo
que implica que si dos señalamientos coinciden, uno de ellos tiene que
ser suspendido a la fuerza, con todo lo que ello conlleva. Sobre todo
para el justiciable, que es el que tiene que soportar un sistema que en
líneas generales en estos momentos es incapaz de dar respuesta en tiempo
y forma a los ciudadanos.
Un ejemplo reciente de esta doble carga de trabajo es la que ha tenido que asumir Juan Antonio Toro,
el sustituto de Elpidio Silva, instructor del caso Blesa, a punto de
sentarse en el banquillo por prevaricación. Pero la sobrecarga de ese
juez representa solo un grano de arroz en medio de un océano de desorganización, anquilosamiento y resignación.
Lo paradójico de la cuestión es que hay cerca de 400 jueces
de las promociones 63 y 64 que todavía no tienen un destino fijo, que
se ha incumplido el compromiso de crear 600 plazas en tres años y que a
día de hoy la carga de trabajo entre unos juzgados y otros, incluso
dentro de una misma jurisdicción, está muy descompensada. El 80 por ciento de los juzgados están sobrecargados y el otro 20 por ciento podría perfectamente asumir más asuntos.
Junto con el necesario incremento del número de jueces, el
cumplimiento de horarios u opciones como la despenalización de las
faltas, también sería necesario instalar una cultura de mediación,
cerrar todas las vías posibles al acuerdo antes de recurrir a los
tribunales. La mediación ya existe hoy, pero quizá por falta de información todavía no ha calado con fuerza en la sociedad.
El último eurobarómetro reflejaba un dato esclarecedor sobre esta
cuestión: nueve de cada diez españoles preferirían solucionar un litigio
de forma extrajudicial.
