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| Asamblea en el dia de ayer de la audiencia de Pontevedra |
Publicado en diariodepontevedra.galiciae.com.
La ley de tasas, los recortes en personal y nóminas y la supuesta
privatización de determinados servicios de la Justicia han puesto en pie
de guerra a funcionarios y sindicatos. Tanto es así que ya trabajan en
la convocatoria de una huelga general para antes de final de año que,
sin duda, tendrá eco en Pontevedra.Las organizaciones sindicales con
representación en la Mesa Sectorial de Xustiza de Galicia (CC OO, USO,
UGT, CSIF y CIG) comparecieron ayer en la Audiencia Provincial para dar
cuenta de la movilización. Según explicaron sus portavoces, la fecha y
forma se decidirá en las próximas tres semanas, a través de unas
encuestas que se realizarán en todos los juzgados del territorio
autonómico.
A falta de conocer la respuesta, la actitud que han mostrado los trabajadores públicos en las asambleas celebradas apunta a un éxito rotundo. Al parecer, el sentir es general y ya no queda otra opción que la huelga, «a paralización completa».
Los motivos que sostienen la protesta son varios y variopintos y no solo afectan al cuerpo de empleados públicos, sino también a los usuarios de las dependencias judiciales. La posible supresión de los registros civiles es uno de los ‘motores’. Los sindicatos temen que el «anuncio de Gallardón» se materialice y que los registros acaben en manos de registradores de la propiedad y mercantiles, y en despachos de notarios. «Moitos deles, por certo, parentes moi próximos ao ministro e altos cargos do Goberno», subrayó el portavoz de CC OO, Pablo Valeiras.
El cierre de los registros en los concellos pequeños o en los juzgados de paz de poblaciones con más de 7.000 habitantes dificultará, según los sindicatos, el acceso a este servicio. «Sen olvidar a desaparición duns 3.000 empregos que pode provocar a medida».
Detonante
La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil es otra de las dianas contra las que disparan los convocantes de la protesta, dada la «privatización» que plantea para los servicios de notificación, emplazamientos, embargos o requerimientos. «As partes poderán encargar estas dilixencias a procuradores, polo que o cidadán que non dispoña de cartos poderá atoparse cun servizo deteriorado, ao mesmo tempo que a Administración ten unha nova excusa para destruír postos de traballo», alertó Valeiras.
La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que, según los sindicatos, promueve la asignación de una parte importante de la investigación penal a los fiscales (en detrimento de los juzgados de instrucción) es otra de las razones que justifican la protesta, junto a la ley de tasas, la reducción de los partidos judiciales y otras medidas que, a juicio de las fuerzas sindicales, contemplan la desaparición de juzgados de paz y audiencias provinciales.
Los tijeretazos en las nóminas y derechos de los funcionarios son el detonante final. Según alertaron CC OO, USO, UGT, CSIF y CIG, han sufrido un recorte del 40% en las pagas extras, la jornada laboral se ha incrementado y los sueldos han bajado hasta en un 9%, dando lugar a una pérdida de entre 800 y 2.800 euros anuales.
Plantilla
La Audiencia Provincial amortiza tres plazas y podría dejar 21 sin ocupar
La amortización de plazas que arroja un plan autonómico del año 2012 agudiza las críticas de los sindicatos contra los planes que ha trazado la Administración para los servicios de Justicia. Según denunció ayer CC OO, en la Audiencia Provincial de Pontevedra ya se han amortizado tres plazas, correspondientes a dos funcionarios que concursaron y a un tercero jubilado. A estas añaden una cuarta de un empleado público que ha concursado y otras muchas que se prevén realizar «no cubriendo vacantes, jubilaciones ni plazas que quedan por concursos de traslado».
En total, el sindicato calcula que la plantilla de funcionarios de la Audiencia Provincial se verá reducida casi a la mitad, pasando de 47 funcionarios a 26. Estos se reparten entre las secciones de lo Civil y lo Penal, Secretaría, Rexistro y Reparto.
A nivel Galicia, estiman que se amortizarán 106 plazas repartidas en audiencias provinciales, juzgados de paz, y juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo Contencioso-Administrativo y Familia.
