“La justicia no se puede administrar a golpe de programa televisivo ni de instructor detective”

Publicado en eldiario.es. Jueces para la Democracia es la organización que aglutina a gran parte de los jueces y juezas situados en el ámbito del progresismo. Xermán Varela, coportavoz de la asociación en Galicia, observa con preocupación los acontecimientos que, en los últimos tiempos, están sucediendo vinculados a la Justicia y que ocupan grandes titulares: el último, el ataque del Gobierno local de Santiago, en el que 10 de los 13 ediles están imputados, contra la jueza Ana López Suevos, a la que le achacan un intento de “persecución política”.

Sin entrar “en casos concretos”, Jueces para la Democracia también lamenta actitudes prodecentes de la propia judicatura: “La retransmisión en directo de una instrucción no solo no sirve para nada, no solo puede perjudicar la propia instrucción, sino que afecta a principios fundamentales”.

La política está en los juzgados en demasiadas ocasiones?

Cuando decimos que se mezclan justicia y política, nos referimos a fenómenos distintos. En los estados constitucionales, a medida que la ciudadanía va adquiriendo mayor conciencia de sus derechos, se produce la necesidad de que los jueces entremos en valoraciones que van más allá de la aplicación automática de la ley. Por otra parte, la gente es más consciente de utilizar los recursos judiciales. Esto, en sí mismo, no es negativo; pero utilizamos la misma expresión de “politización” para referirnos a la constante presentación de querellas y al uso del recurso penal para dar respuesta a decisiones que nos disgustan. Eso sería negativo. Ha aumentado la conciencia contra prácticas que antes tenían una cierta tolerancia. ¿Esto quiere decir que todos los casos son positivos? No necesariamente, porque hay veces en las que se produce una utilización tergiversadora de las instituciones judiciales.

¿Han abusado los partidos de la figura de la imputación? ¿La han utilizado como arma arrojadiza con demasiada frecuencia?

Lo primero que deberíamos hacer es deslindar el ámbito de la responsabilidad política de la penal. Son ámbitos diferentes: que alguien esté imputado lo único que quiere decir es que está siendo investigado y tiene derecho a defenderse, tiene derecho a que la justicia lo trate como persona inocente. No tiene nada que ver con la responsabilidad política, ni en un sentido ni en otro. No necesariamente tiene que haber responsabilidad política, habrá que valorar los hechos que se le imputan y la solidez de los indicios. Esto no quiere decir, tampoco, que hasta que no esté condenado no tenga responsabilidad política, incluso una persona absuelta puede tenerla. Porque los hechos pueden no ser imputables penalmente pero puede existir esa responsabilidad, que es mucho más amplia que la penal. Puede no ser responsable de lo que sucedió, pero que las personas designadas por él hicieran algo que no debían. O se pueden dar supuestos de prescripción, cuando no procede perseguir penalmente, pero el hecho sucedió y la responsabilidad penal prescribe, pero la política, no. Por ejemplo, que una persona haya dejado de declarar dinero a Hacienda en una cantidad importante no puede querer decir que siga ejerciendo su responsabilidad política como si no hubiera pasado nada.

La portavoz del Gobierno local de Santiago acusa a la jueza Ana López Suevos de hacer política desde la justicia tras la imputación de la junta de gobierno local: ¿cómo lo interpretan?

Las declaraciones de la junta de gobierno de Santiago son insultantes, son absolutamente infundadas y dejan en muy mal lugar la dignidad ética de las personas que las han realizado. Uno de los motivos fundacionales de Jueces para Democracia es promover la crítica pública y el debate público sobre toda actuación judicial, porque la ciudadanía tiene que debatir lo que decimos y lo que valoramos y nuestras decisiones deben ser debatidas en una democracia.

Pero lo que ha hecho la junta de gobierno de Compostela no tiene nada que ver con una crítica o con un debate: ha ido a atacar a una persona, imputándole comportamientos que nada tienen que ver con los hechos. Lo único que ha hecho nuestra compañera, una excelente profesional con gran conciencia social, ha sido limitarse a admitir a trámite una denuncia de la Fiscalía y comunicárselo a las personas que están siendo denunciadas, que si quieren, pueden defenderse. No ha hecho nada más, no ha tenido que adoptar ninguna decisión. Por lo tanto, esto es un capricho de la junta de gobierno, más sorprendente cuando la compañera ha optado por citarlos a declarar y no entrar en el circo de las detenciones en el que a veces se cae. Existiendo como han existido en nuestro país y en el resto del Estado resoluciones judiciales que sí podrían haber sido objeto de debate, en esas no lo ha habido. Espero que no sea porque la compañera se distingue, entre otras cosas, por el empleo de nuestra lengua. La persona que ha hecho esas declaraciones, por respeto institucional, debería dimitir.

El mismo Gobierno local elogió hace pocos días a la misma jueza por “hacer justicia”, cuando exculpó al alcalde en otro caso.

Eso también es un error. No se debe elogiar ni atacar a las personas. Discutamos el contenido de la resolución en concreto. A veces acertamos y a veces, no, nuestras decisiones prácticamente siempre son discutibles y no pasa nada. Sí que pasa cuando se ataca a una persona. Y un responsable de un poder del Estado, en este caso en el ámbito local, no puede atacar a una jueza de la forma en que se ha hecho. Eso incumple las normas básicas de respeto.

Se suele decir que los tiempos de la política y los de la justicia son distintos, pero también observamos operaciones más o menos mediáticas en vísperas electorales.

Hay que ponderar factores; los tiempos judiciales deben ser independientes, tener su propio ritmo. Pero un juez no puede obviar la trascendencia social de sus actuaciones, por ejemplo, en los períodos previos a encuentros electorales, que son de una especial sensibilidad. Hace falta tener en cuenta los posibles efectos de una actuación judicial y ponderar a ser posible no afectar al proceso electoral. A ser posible. Si no lo es, evidentemente hay que actuar.

¿La lentitud de la Justicia facilita que surjan este tipo de conflictos? Algunos casos muy mediáticos, como el Campeón o el Pokémon, llevan instruyéndose mucho tiempo.

De operaciones concretas no puedo hablar pero, con carácter general, deberíamos hacer una reflexión sobre el papel de los jueces de instrucción y el poder que llegan a asumir. Y cuestionarnos hasta qué punto un uso indebido de ese poder puede cuestionar principios propios de un Estado democrático. Este es un debate que hay en toda Europa, no es un invento nuestro. El juez instructor tiene un poder muy grande y además tiene un poder, de facto, que proyecta una imagen de una supuesta justicia inmediata que puede dar amparo a imágenes más de justiciero que de juez. Y cuanto más justiciero, menos juez, aunque obtenga un aplauso muy inmediato, y más en peligro pondrá los equilibrios básicos de un sistema democrático de reparto de poder.

Hay instrumentos como el secreto y las privaciones de libertad que son zonas grises especialmente peligrosas para el respecto a derechos fundamentales. No se es más eficaz por ser más duro y una duración excesiva del secreto judicial, sin valorar ningún caso concreto, no es buena. Del mismo modo, la preservación del secreto de sumario para el público general es buena en cuanto sea una medida de defensa de la dignidad de las personas: la exhibición de personas esposadas o de la realización de diligencias no responde a ninguna finalidad del proceso y no comprendo cómo se pueden retransmitir en directo determinadas actuaciones judiciales.

Estas actitudes no se dan solo en casos vinculados a la política, las acabamos de vivir vinculadas al caso de la niña asesinada en Santiago.

En este caso el espectáculo se ha alejado de cualquier tipo de información. La exhibición de determinadas imágenes le da al espectador la impresión de que entiende lo que sucede, cuando no lo entiende. Percibe sentimientos, no razones. Se apela al espectador como testigo para que se considere con capacidad de juzgar lo sucedido, lo cual no es cierto. Es una manipulación que, por desgracia, sucede en muchos ámbitos de los medios, a lo mejor por la tiranía del medio televisivo y, ahora, de internet.

Es una crítica que también se ha realizado desde el mundo del periodismo. Si esto, además, viene acompañado de una especie de retransmisión en directo de las acciones instructoras, va contra la idea de la presunción de inocencia. No por la presencia de un juez es un juicio. El juez instructor es investigador. Y hemos llegado al punto de que la única verdad legítima es el producto de un debate contradictorio. Y la instrucción tiene por objeto recoger elementos para realizar el juicio. La justicia no se puede administrar a golpe de programa televisivo ni de instructor detective.

Desde el Gobierno central se ha llegado a sugerir la posibilidad de penar las filtraciones a la prensa, ¿es una cuestión más de legalidad o de responsabilidad?

Probablemente haya que ponderar diversos factores, porque es necesario atender a que el proceso judicial no implique un atentado contra el derecho a la propia imagen de la ciudadanía afectada. Pero es importante que todo acto del poder, y el judicial es uno como otro, pueda ser observado y controlado por la ciudadanía. Una opción de prohibición de la actuación de la prensa no me parece una buena idea, los regímenes que lo hicieron no llevaron un buen camino. Pero de alguna manera habrá que regularlo y ahí la prensa tiene una gran responsabilidad. La ausencia de información o la no separación entre espectáculo, divulgación o manipulación lleva adonde lleva y además no es inocente; se informa mucho de aquellos hechos que permiten informar sin afectar a ningún poder fáctico, económico… La muerte de una persona es responsabilidad, en principio, de quien mató a esa persona. No se informa con la misma profundidad, intensidad o despliegue de medios cuando se trata de analizar las responsabilidades sociales de determinados fenómenos. Como no es inocente el aumento exponencial de las noticias sobre sucesos en momentos previos a propuestas de endurecimiento del Código Penal.

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