Durante los últimos tres días, registradores de toda España se reunieron en asamblea en Zaragoza (la tercera de toda su historia) para valorar dos ponencias. La primera era favorable al proyecto de Justicia de que sean ellos los futuros encargados de la gestión del Registro Civil. Esta opción no obtuvo siquiera el 20% de los votos necesarios para ser debatida en el Pleno.
La que si lo logró, y con creces, fue la ponencia contraria, presentada por Juan Sarmiento Ramos, que aboga porque se “persuada” a Justicia de la “inoportunidad” de la idea de encomendarles el Registro “en las actuales circunstancias económicas y sociales por las que atraviesa la nación”. Si su petición no prosperara, el texto plantea que se ofrezca la gestión “a otros colectivos igualmente apropiados, de forma que, si en última instancia acaba recayendo en los registradores, quede pública constancia de que ello fue el último recurso que quedó al Gobierno para afrontar el problema de su desjudicialización”. Los registradores pretenden así evitar que, a ojos de la sociedad, la atribución del registro quede como un trato de favor hacia su colectivo.
En estos momentos son los jueces los que llevan el Registro Civil. Pero su regulación sufrió ya una transformación de calado en 2011. Durante el último mandato de José Luis Rodríguez Zapatero fue aprobada, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, una profunda reforma que quitaba a los jueces la llevanza del Registro para dejarla en manos de secretarios judiciales y funcionarios con la licenciatura en Derecho. Esta norma se aprobó con una vacatio legis de tres años para que pudieran adaptarse todas las estructuras necesarias para el cambio de modelo, y su entrada en vigor estaba prevista para 2014. El proyecto de Justicia supondría un cambio radical con respecto a esta norma, que no llegaría a hacerse efectiva.
Las críticas a los borradores que maneja Justicia y que han trascendido han sido múltiples. Notarios, secretarios judiciales y todas las asociaciones de jueces salvo la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, han planteado que el ministro Alberto Ruiz Gallardón pretende privatizar un servicio público, aumentar el número de hechos inscribibles y cobrar por algunos que ahora ni siquiera constan en el Registro, como los poderes.
Los registradores, ahora, han sido contundentes: no quieren el Registro. La asamblea general se convocó después de que algunos de ellos se movilizaran pidiendo firmas para solicitar la reunión precisamente para poder tratar un asunto como este, muy delicado y que cambiaría profundamente su forma de funcionar.
La ponencia contraria al borrador pone sobre la mesa una serie de requisitos para el caso de que Justicia desoiga sus peticiones de que se les deje al margen de este asunto. En primer lugar, quieren que la ley disponga “sin ningún tipo de ambigüedad”, que la financiación del Registro Civil corra a cargo de los usuarios (a través del arancel correspondiente). “Sería absolutamente inaceptable la asunción de un Registro Civil gratuito cuya financiación recayera sobre las espaldas de los registradores”.
Piden también que quede garantizada la separación entre las oficinas del Registro Civil y las actuales del Registro de la Propiedad o Mercantil, tanto en su “consideración tributaria y laboral diferenciada como en su ubicación física, sus medios personales y materiales”. Es decir, su propuesta es que las oficinas actuales de los registradores se mantengan tal cual y que se establezcan unas nuevas oficinas encargadas solo del Registro Civil con un cuerpo nacional de registradores designados por concurso.
El Pleno votó y aprobó ayer por amplia mayoría un texto más corto basado en los principios de esta última ponencia y que contiene una declaración de principios: los registradores no quieren hacerse cargo del Registro Civil. En caso de que el Gobierno y el Parlamento decidan que sí deben encargarse del asunto, piden que se lleve a cabo con el mayor consenso social y político posible.
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