Desde
el pasado mes de julio, tras la publicación del Real Decreto Ley
20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de
fomento de la competitividad, los empleados públicos venimos mostrando
nuestro profundo malestar a través de movilizaciones en todos los
sectores y Administraciones.La citada norma conllevó la supresión de la paga extraordinaria de diciembre, de tres de los seis días de libre disposición ordinarios y de los días adicionales de libre disposición y de vacaciones por antigüedad, así como una importante reducción de retribuciones durante la situación de incapacidad temporal. Y con la nueva Ley de Tasas, se restringe y se entorpece el acceso a la Justicia de los empleados públicos en defensa de sus derechos laborales. A lo que hay que añadir la congelación de la Oferta de empleo público, la amortización de vacantes y la reciente aprobación del Reglamento que regula y facilita los despidos colectivos en el ámbito de las Administraciones Públicas, con el consiguiente incremento de la tendencia que pone de manifiesto la última Encuesta de Población Activa, en la que, por primera vez, se pierde más empleo público que privado.
Dichas medidas, unidas a las que venimos padeciendo desde el año 2010, en el que se decidió una bajada de retribuciones y la congelaciones de los años 2011 y 2012, a la que ahora se suma la prevista en los PGE para 2013, suponen el hacer recaer de forma especial el peso de la crisis sobre los empleados públicos, olvidando que otros han sido los responsables de la misma. Medidas que, además, se han tomado enmarcadas en una campaña política de descrédito de la labor que realizamos en todos los ámbitos de la Administración, cuestionando nuestro rendimiento profesional y desacreditando, en definitiva, los servicios públicos esenciales para la sociedad, como los que se realizan en la educación, la sanidad, la seguridad, la atención social y la justicia, entre otros, como paso previo, en muchos casos, para la privatización de los mismos. Tales recortes no sólo son injustos, sino que además serán ineficaces y tendrán un efecto económico contrario al supuestamente perseguido, al conllevar una inevitable y drástica reducción del consumo por parte de un colectivo tan numeroso como el de los empleados públicos, con la consiguiente repercusión inmediata en la caída de la actividad económica y el correspondiente aumento de la tasa de desempleo.
Por todo ello, a lo que hay que unir la inseguridad que provocan las previsiones sobre las que se apoyan los Presupuestos para el próximo año, recién presentados a las Cortes para su aprobación, y que hacen prever nuevos recortes en los próximos meses, la totalidad de los Sindicatos y Asociaciones Profesionales de esta Plataforma rechazamos todas estas medidas y manifestamos nuestra mayor queja al respecto.
Asimismo, las organizaciones abajo firmantes, de las que integramos la Plataforma, llamamos a secundar la Huelga General del próximo 14 de noviembre, dejando claro que nuestro apoyo no tiene ningún condicionamiento político, ni persigue otra cosa que no sea hacer ver a nuestros gobernantes, sean del signo que sean, el rechazo de toda la sociedad a unas políticas agresivas que atacan gravemente a los servicios públicos y a quienes trabajamos a su servicio.
