Publicado en farodevigo.es.
El segundo edificio judicial de A Parda, que la Xunta pretende tener
disponible aproximadamente en 2016, ya está en marcha. La Sociedade
Pública de Investimentos (SPI-Galicia) acaba de adjudicar por 270.000
euros el diseño definitivo de un inmueble que contará con una altura
máxima de siete plantas (similar al actual) para albergar al menos 25
juzgados y tendrá que estar unido físicamente al ya existente mediante
una pasarela aérea y otra subterránea.El equipo técnico (Iceacsa-Jon Montero-Naiara Montero), seleccionado entre un total de 42 ofertas presentadas a este concurso, dispone de ocho meses para completar su trabajo, con lo que ese proyecto básico y de ejecución estaría listo entre febrero y marzo de 2013. Para entonces, se confía en que el Concello haya culminado las expropiaciones de los terrenos, proceso en el que se trabaja desde hace unos dos años.
La ejecución y puesta en funcionamiento de esta nueva sede, que el sector reclama desde hace años, permitirá destinar el Palacio de Justicia de Rosalía de Castro únicamente a secciones de la Audiencia Provincial, mientras que el actual edificio de A Parda se especializará en la jurisdicción penal. Así se establece, a grandes rasgos, en las condiciones con las que la Consellería de Presidencia licitó en febrero la redacción de este proyecto constructivo de este futuro inmueble, cuyo presupuesto estimativo es de 20 millones de euros.
La obligación básica de la futura sede es “reagrupar todos los juzgados y generar espacio suficiente para los próximos años”. Al respecto, se explica que “en la actualidad las sedes judiciales de Pontevedra se encuentran dispersas en la Audiencia Provincial (cuatro secciones, cuatro juzgados de lo social y dos de lo mercantil), en un edificio de la calle Germán Adrio (tres juzgados del contencioso administrativo) y en la sede A Parda, con quince juzgados además del de guardia, la Fiscalía y el Decanato”. La consellería señala que “ante esta saturación, el nuevo edificio deberá acoger los tres juzgados del contencioso administrativo situados en el edificio de Germán Adrio y los seis de la Audiencia. Además de esto, la previsión es que en el actual edificio de A Parda quede solamente la jurisdicción penal”, por lo que “deberá de proyectarse para contener un mínimo de 25 unidades judiciales”.
Otra de las condiciones impuestas al equipo redactor es “conseguir una agrupación de las dos sedes judiciales, la existente y la futura, generando para ello un único acceso a los servicios judiciales y una conexión tanto soterrada como aérea entre las dos infraestructuras de tal manera que las edificaciones funcionen como una sola”. Esta “unidad” es una constante en las exigencias que se le plantean a la consultora, a la que también se le pide que el inmueble “diste de ser una construcción de carácter independiente al que ahora existe, sino que viene a ampliar y complementar las infraestructuras actuales. Por eso deberá proyectarse teniendo en cuenta la posibilidad de un único acceso para el total de la infraestructura judicial, estableciéndose una conexión tanto aérea como soterrada, lo que debe minimizar los requisitos de seguridad y ahorrar innecesarios traslados por el exterior de los edificios”.
Los aspirantes a elaborar el proyecto, que percibirán una retribución máxima de 392.000 euros por su trabajo, disponen hasta el 9 de abril para presentar sus ofertas y de un plazo posterior de ocho meses para diseñar y proyectar el edificio, que debe huir del “viejo y rígido diseño de la oficina judicial” para apostar por un “cambio del enfoque” y obtener “una oficina judicial flexible, ágil y eficaz, tendiendo hacia edificios de los denominados arquitectónicamente ligeros, o más diáfanos posible, de tal manera que se tenga una amplia vista de todos los servicios y facilite su compresión. En este sentido, se piensa en generar unos servicios comunes procesales, que presten sus servicios a todas las jurisdicciones” en materia de registro y reparto, actos de comunicación y de información”.
Cinco de las siete plantas, para las unidades judiciales
El cuadro de necesidades detalla con bastante precisión tanto el destino que se debe dar a cada una de las plantas (siete sobre la rasante y dos sótanos) como las dimensiones de cada dependencia. Así, las planta baja y primera contarán con “un amplio acceso y próximos a él, deben ubicarse los servicios que más demanda puedan tener”, así como locales sindicales y salas de vistas. Al respecto, se calcula la necesidad de 16 unidades, de unos 50 metros cuadrados cada una”, con el añadido de una sala grande, “del doble de superficie”. En estas dos plantas también debe incluirse un “espacio multifunción para usos como la Junta Electoral, cursos de trabajadores u otros, debiendo estar diseñado para que 10 personas puedan estar trabajando en él”, así como “dependencias para abogados y procuradores”.
El segundo sótano, de 4.800 metros cuadrados, “se destinará a aparcamiento y almacén”, mientras que el primer sótano, de la misma superficie, “cubrirá el resto del aparcamiento exigido además de los archivos principales. Los cinco plantas superiores, de la segunda a la sexta y de 1.250 metros cuadrados cada una, “son las destinadas a las unidades judiciales” y deben contar con “despachos de magistrados y secretarios, de las mismas características y con una superficie útil no superior a los 25 metros cuadrados, cerca de sus oficinas judiciales y con materiales que les permitan desmontarse o adaptarse a otros espacios”.
Las oficinas judiciales, por su parte, “deberán tener la dimensión adecuada para disponer de diez personas trabajando y su estructura debe de permitir albergar diferentes configuraciones”. Se añade la exigencia de que sean “diáfanas y separadas únicamente por elementos móviles que tan siquiera lleguen al techo pero que permitan separar visualmente los distintos órganos judiciales. Deben de tener asimismo un espacio, para albergar los asuntos, y que permitan su adecuada custodia”.
El gobierno local confía en poner los terrenos a disposición de Presidencia a final de año
El conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, y el alcalde, Miguel Fernández Lores, firmaron en mayo de 2010 el convenio por el cual el Concello se comprometía a poner los terrenos a disposición de la Xunta. Aunque el gobierno local trató de que fuera el ejecutivo gallego el que asumiera esa gestión, finalmente es una labor municipal en la que ya ha con sumido dos años, con la aprobación de un plan urbanístico específico por el medio.
El futuro edificio judicial tendrá una superficie máxima edificada de 18.000 metros cuadrados, y deberá contar con más de 200 plazas de aparcamiento, todo ello sobre una parcela de 6.651 metros cuadrados de los que 4.813 se destinan al equipamiento, otros 856 a espacios libres y 982 al viario.
La expropiación afecta a trece propietarios y todos ellos han mostrado ya su desacuerdo con la valoración municipal, de 1,4 millones. El actual concejal de Patrimonio, Vicente García Legísima, confía en culminar este trámite después del verano. Sin embargo, existen aún litigios pendientes, como el que afecta a un solar de 900 metros cuadrados expropiado en su día por Adif pero que reclama su antiguo propietario.
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