El texto legislativo incluye un nuevo régimen de las tasas por el
ejercicio de la potestad jurisdiccional, con el ánimo, por un lado, de
ayudar a financiar la Administración de Justicia y, por otro, de
disuadir a quien se acerca a los tribunales con la sola finalidad de
dilatar en el tiempo el cumpllimiento de sus obligaciones. La cuota de
las tasas oscilará entre 150 y 10.000 euros, dependiendo de si se trata
del orden civil, contencioso-administrativo o social. Se fija una
bonificación del 10 por 100 si se utilizan medios telemáticos en el pago
de la misma.