El secretario de Estado de Justicia ve con “cierta perplejidad” el debate sobre la devolución de competencias al Estado, ya que éstas “vienen establecidas en los estatutos y por tanto no son negociables”. Juan Carlos Campo Moreno ha defendido que sólo se pueden negociar “los decretos de transferencia y las cuantías”, pero que en lo referente a la Justicia en el ámbito autonómico “constitucionalmente y en los estatutos (de Autonomía) son competencias de las comunidades autonómas”.
Campo Moreno cree que la aportación de las comunidades autónomas al servicio público de la Justicia significa “mucho más que permitir un mejor acercamiento a la ciudadanía” y que en aquellos casos en los que el ámbito competencial pueda generar alguna distorsión, debe paliarse con una “colegiación de esfuerzos” de todos, Estado y comunidades autónomas. Ha puesto como ejemplo el retraso en la creación de órganos judiciales en Valencia por problemas presupuestarios y ha afirmado que, en este caso y en otros, “no es un problema de coordinación sino de prioridades políticas”.
Por otra parte, Álvaro Cuesta Martínez, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, considera que el debate sobre la devolución de competencias en Justicia a las comunidades autónomas es una “algarada populista de corte electoral” y una “tremenda incoherencia”.
Álvaro Cuesta ha afirmado esta mañana, antes de su intervención en los Cursos de Verano de la Complutense, que las mismas comunidades que “reivindicaron rabiosamente” las competencias de la Justicia ahora tienen problemas de gestión y los intentan despejar “culpabilizando al Gobierno central”, lo que para él es “incurrir en la hipocresía”. El presidente de la Comisión de Justicia ha defendido que cada Comunidad debe de responder del ejercicio de esa autonomía para gastar.
“Quienes más protestan y quienes más exijen ahora devolver esas competencias son las comunidades que menos han gastado en la Justicia”, ha defendido Cuesta y ha añadido que esto está demostrado por los informes de los Tribunales Superiores de Justicia que ponen de manifiesto que en lugares como Madrid o Murcia no ha habido recursos suficientes para la Justicia y esta “se ha descuidado”.
Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
El secretario de Estado de Justicia, que ha visitado San Lorenzo de El Escorial para participar en un curso sobre la última reforma penal organizado por la Universidad Complutense, ha reconocido que, debido al adelanto electoral, la tramitación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal va a ser “muy complicada”, aunque no imposible.
En todo caso, Campo Moreno ha expresado su convicción de que cualquier modificación de esta norma tendrá en cuenta el trabajo realizado hasta la fecha, ya que esta reforma “será un referente doctrinal para acometer cualquier estudio del ámbito procesal penal”. Respecto a las críticas vertidas por jueces y fiscales hacia esta nueva norma, ha invitado a todos ellos a leer el texto y ha explicado que la futura ley refuerza la misión constitucional del juez.
Por último, respecto a la intención del Partido Popular de reformar de nuevo el Estatuto del Ministerio Fiscal en caso de ganar las próximas elecciones, el secretario de Estado de Justicia ha salido en defensa de este cuerpo de funcionarios que ha calificado como “absolutamente especializado, fuerte, autónomo”. Moreno Campo ha recordado que los fiscales llevan a cabo la importante función de promover la acción de la Justicia, para la cual funcionan “bajo criterios de independencia” y ha afirmado que pensar lo contrario es “no conocer el Ministerio Fiscal de nuestro país”.
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