El Parlamento foral ha aprobado hoy, con la abstención de PSN, la Ley foral que modifica el texto refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra para integrar a forenses y otros funcionarios de Justicia, transferidos a la Administración foral.
En su defensa en el pleno ha intervenido el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Javier Caballero, quien ha recordado que este personal fue transferido a la Administración foral en 1999 y era precisa esta adecuación legal, como en su día se hizo con los funcionarios de Educación y Sanidad.
La solución supone “un avance en nuestro autogobierno”, según Caballero, quien ha advertido que se hace “con respeto escrupuloso a las especificidades” de estos funcionarios, “en similares condiciones al resto de personal” y con el objetivo último de “conseguir una mejor prestación del servicio de Justicia en Navarra”.
Así, la Ley foral tiene por objeto posibilitar la “aplicación” del Estatuto al personal del Cuerpo de Médicos Forenses y de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, de Tramitación Procesal y Administrativa, y de Auxilio Judicial, “con las salvedades propias derivadas tanto de su condición de cuerpos nacionales como de la prestación del servicio público de la Justicia”.
Se contempla la existencia de una Comisión de Personal y de una Mesa Sectorial de Negociación Coleciva a semejanza de otros colectivos específicos de la Administración, caso de los docentes no universitarios.
La “ordenación, selección, promoción interna y provisión” de puestos de trabajo al servicio de la Administración de Justicia en Navarra se regularán por ley foral “dentro del respeto al Estatuto Jurídico de ese personal”, mientras que la oferta de empleo público será aprobada “inicialmente” por el Gobierno foral y, en su caso, se remitirá al Ministerio de Justicia para su aprobación definitiva.
El nombramiento como funcionarios de carrera será expedido por el Ministerio de Justicia a propuesta, en su caso, del Gobierno foral, según el texto aprobado, que señala que, sin perjuicio de la movilidad nacional y en “coordinación” con los procesos de ámbito estatal, Navarra podrá convocar procedimientos de “movilidad” de sus funcionarios para la provisión de trabajo “adscritos a oficinas y servicios de la Administración de Justicia en Navarra”.
En los procesos de “redistribución, reordenación y reasignación forzosa” de efectivos, la Administración foral “podrá agrupar territorialmente” los puestos de trabajo “de la forma más conveniente a las necesidades del servicio”.
Además, los funcionarios del servicio de Justicia en Navarra “podrán acceder” en la Administración foral a puestos de trabajo “ajenos” a Justicia.
También, el texto reconoce el derecho a cobrar una “compensación personal y transitoria igual a la diferencia existente” a quienes, con arreglo al régimen anterior “percibiesen en cómputo global” unas retribuciones superiores a las establecidas por esta ley.
En el turno de los grupos, Faustino León (UPN) ha defendido las cuatro enmiendas “in voce” presentadas que persiguen “mayor claridad” en el asunto, sobre el que Patxi Zabaleta (NaBai) también se ha mostrado a favor, si bien ha lamentado que la solución haya sido posible con este sector de la Administración y no con el de los policías forales y municipales.
También a favor, Juan Cruz Alli (CDN) ha mostrado su “satisfacción” por el trabajo para “tratar de resolver un problema real”, con “respeto al ámbito competencial estatal” y con la disposición de “todos los medios para evitar un conflicto de constitucionalidad”.
Ha coincidido en su argumento Ion Erro (IUN), quien si bien ha lamentado la tardanza en acordar esta solución, “lo importante es que hoy aprobamos este proyecto de ley que afecta a un colectivo importante de trabajadores”.
Por su parte, el socialista Samuel Caro ha explicado su abstención como “posibilista”, ya que no han votado a favor “por el contexto de duda” que a su juicio ha generado UPN, pero que apoya una solución con la que se está “más cerca” de conseguir la incorporación de estos funcionarios y de “evitar posibles vicios de inconstitucionalidad que se vieron en el anterior documento”
