Publicado en www.larazon.es
El sistema de asistencia sanitaria que rige desde 1975 en España para los funcionarios –el Modelo Muface– vuelve a estar en la picota. Casi un año después de que sufriera una de sus mayores crisis, el debate sobre su supervivencia se encuentra sobre la mesa del Gobierno, y no son pocas las voces dentro del mismo que abogan por una reestructuración que podría dejarle sin oxígeno a medio y largo plazo.
Según ha podido saber LA RAZÓN, durante los últimos meses se ha reproducido en varios Ministerios el debate latente dentro del PSOE sobre el retoque y la eliminación del modelo, con opiniones divergentes. El sistema Muface otorga cada año a más de un millón y medio de funcionarios de la Administración Civil del Estado la posibilidad de elegir entre una asistencia ofertada por aseguradoras privadas o por la Sanidad pública, siempre con cargo al Erario del Estado. Dicha posibilidad rige también para los funcionarios de Justicia –el modelo Mugeju– y para los miembros de las Fuerzas Armadas –el régimen Isfas–.
Dentro del PSOE han sido numerosos los expertos partidarios de eliminar los beneficios, por considerarlos un agravio comparativo para el resto de los empleados que, además, fortalecen a la Sanidad privada. Otro sector, en el que se encuadran altos cargos actuales de Sanidad, entiende que el modelo es beneficioso para la Sanidad en general, pues evita sobrecargar el sistema público con más de un millón de nuevos pacientes y permite la subsistencia de una red sanitaria privada que, de otra forma, estaría condenada a desaparecer.
Fuentes gubernamentales explicaron que se ha barajado seriamente la posibilidad de dejar de aplicar dicho régimen a los funcionarios de nuevo cuño a partir de una fecha, aunque los actuales sí seguirían teniendo la posibilidad de elegir entre los dos modelos sanitarios. Los partidarios de tal medida se amparan en el punto 6 de las recomendaciones del Pacto de Toledo, que recoge la necesidad de «simplificar e integrar» los regímenes especiales porque «la experiencia demuestra que existen ciertas disfunciones en cada uno» de ellos «que se apartan de los fines para los que fueron creados», según las fuentes.
Los partidarios de aplicar con urgencia la medida se han encontrado con un obstáculo inesperado: la conflictividad sindical tras el último tijeretazo y el abaratamiento de los despidos. De hecho, la huelga general y el viraje experimentado por los sindicatos en los últimos meses han frenado las expectativas de los defensores del cambio radical en Muface.
Se trataría, según fuentes gubernamentales, «de un momento político poco adecuado». En principio, el Gobierno renuncia a aprovechar el anteproyecto de ley de Presupuestos de 2011 en su fase inicial para acometer el cambio, aunque «la situación podría alterarse vía enmiendas una vez retomado el diálogo social tras el 29-S».
Fuentes del sector asegurador ven con recelo la posibilidad de que se haga esa reforma. Según aseguran, sería la muerte del sistema al expulsar del mismo a las compañías, que incurrirían en costes disparados por atender a un colectivo que envejece y sobrecargaría la asistencia pública hasta límites que no puede resistir actualmente.
Pacientes obligados al cambio
Aunque la interlocución de las aseguradoras con la Administración es ahora mucho más fluida, tras la llegada de Consuelo Rumí a este área, las empresas recuerdan la situación creada hace un año, con la renovación del convenio y el escaso crecimiento que experimentaron las primas que el Gobierno paga por cada asegurado a las empresas que prestan la asistencia. Como ya informó este periódico, la precariedad en los pagos llevó a entidades como Caser, Mapfre y Nueva Equitativa a seguir los pasos de Groupama o Aegon y a renunciar a Muface. Baste recordar que no se producía una situación así desde la época de Julián García Vargas, con la salida de Sanitas. La consecuencia: en enero, unos 140.000 funcionarios se vieron obligados a cambiar de asegurador. Según Presidencia, 3.654 optaron por recibir atención en la Sanidad Pública.
Dentro del PSOE han sido numerosos los expertos partidarios de eliminar los beneficios, por considerarlos un agravio comparativo para el resto de los empleados que, además, fortalecen a la Sanidad privada. Otro sector, en el que se encuadran altos cargos actuales de Sanidad, entiende que el modelo es beneficioso para la Sanidad en general, pues evita sobrecargar el sistema público con más de un millón de nuevos pacientes y permite la subsistencia de una red sanitaria privada que, de otra forma, estaría condenada a desaparecer.
Fuentes gubernamentales explicaron que se ha barajado seriamente la posibilidad de dejar de aplicar dicho régimen a los funcionarios de nuevo cuño a partir de una fecha, aunque los actuales sí seguirían teniendo la posibilidad de elegir entre los dos modelos sanitarios. Los partidarios de tal medida se amparan en el punto 6 de las recomendaciones del Pacto de Toledo, que recoge la necesidad de «simplificar e integrar» los regímenes especiales porque «la experiencia demuestra que existen ciertas disfunciones en cada uno» de ellos «que se apartan de los fines para los que fueron creados», según las fuentes.
Los partidarios de aplicar con urgencia la medida se han encontrado con un obstáculo inesperado: la conflictividad sindical tras el último tijeretazo y el abaratamiento de los despidos. De hecho, la huelga general y el viraje experimentado por los sindicatos en los últimos meses han frenado las expectativas de los defensores del cambio radical en Muface.
Se trataría, según fuentes gubernamentales, «de un momento político poco adecuado». En principio, el Gobierno renuncia a aprovechar el anteproyecto de ley de Presupuestos de 2011 en su fase inicial para acometer el cambio, aunque «la situación podría alterarse vía enmiendas una vez retomado el diálogo social tras el 29-S».
Fuentes del sector asegurador ven con recelo la posibilidad de que se haga esa reforma. Según aseguran, sería la muerte del sistema al expulsar del mismo a las compañías, que incurrirían en costes disparados por atender a un colectivo que envejece y sobrecargaría la asistencia pública hasta límites que no puede resistir actualmente.
Pacientes obligados al cambio
Aunque la interlocución de las aseguradoras con la Administración es ahora mucho más fluida, tras la llegada de Consuelo Rumí a este área, las empresas recuerdan la situación creada hace un año, con la renovación del convenio y el escaso crecimiento que experimentaron las primas que el Gobierno paga por cada asegurado a las empresas que prestan la asistencia. Como ya informó este periódico, la precariedad en los pagos llevó a entidades como Caser, Mapfre y Nueva Equitativa a seguir los pasos de Groupama o Aegon y a renunciar a Muface. Baste recordar que no se producía una situación así desde la época de Julián García Vargas, con la salida de Sanitas. La consecuencia: en enero, unos 140.000 funcionarios se vieron obligados a cambiar de asegurador. Según Presidencia, 3.654 optaron por recibir atención en la Sanidad Pública.
