El Gobierno gallego estudia devolver a los 94.105 funcionarios autonómicos (86.398 suyos y 7.707 de las tres universidades) derechos perdidos durante la época de recesión. Además, aprobando nuevas ayudas para la clase media, quiere incidir en el giro social ordenado por Alberto Núñez Feijoo tras la debacle del PP en las elecciones del 24 de mayo. Todo ello, siempre bajo una máxima: continuar respetando el objetivo de déficit fijado para las comunidades, que del 1 % del PIBen el 2014 ha pasado al 0,7 % este año y lo hará al 0,3 % el siguiente.
El Ejecutivo pretende sacar adelante en fechas próximas «más medidas que beneficien» a dos perfiles de destinatarios: «Los ciudadanos que más han aportado durante la crisis», que es una categoría en la que los populares engloban a los empleados públicos, y «aquellos a los que más les está costando percibir la recuperación económica», las familias con ingresos pero poder adquisitivo muy mermado. Al menos así lo avanzan fuentes del Gabinete consultadas ayer por La Voz acerca de si la Xunta está sopesando o no, como sí valora la Administración central, compensar al funcionariado por los recortes asumidos desde el 2010.
En Galicia, por ley aprobada en el Parlamento a finales de abril, los trabajadores autonómicos tardarían hasta tres ejercicios en recuperar la parte de la extra suprimida en las Navidades del 2012 que aún no han cobrado (un 75 %). La misma norma determina también que hasta el 2018 no quedaría anulado por completo el ajuste salarial (del 2 al 6 % del bruto anual) que sufren desde el 2013.
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