ESCRITO ENTREGADO AL MINISTRO DE JUSTICIA HOY:
EXCMO. SR. MINISTRO DE JUSTICIA:Los funcionarios y funcionarias, abajo firmantes, todos ellos destinados en el Registro Civil de Granada, en su propio nombre y en representación de los cientos de funcionarios de Justicia destinados en los registros civiles de Andalucía, ante la intención del Gobierno y su presidente Sr. Rajoy de privatizar los Registros Civiles a favor de los Sres. Registradores Mercantiles, le trasladamos las siguientes consideraciones:
El Registro Civil lleva siglo y medio siendo un servicio público gratuito y ejemplar en España, integrado en la Administración de Justicia y servido con profesionalidad por funcionarios públicos de dicha Administración, algunos con décadas de experiencia en una labor técnica y muy especializada.
Las ingentes bases de datos de los Registros Civiles de todo el País, incluyendo miles de libros físicos antiquísimos y valiosísimos (considerados como una fuente de investigación histórica) contienen innumerables asientos con datos sensibles de la máxima confidencialidad y cuyo acceso, hasta ahora, sólo estaba permitido a personal funcionario, que como usted bien sabe está sometido a un estricto régimen legal que nos obliga a guardar la confidencialidad y el secreto, régimen que no es aplicable al personal laboral que presta sus servicios en los Registros Mercantiles y que no está sujeto al estatuto funcionarial.
Esta atribución a favor de los Registradores Mercantiles y del personal laboral que presta sus servicios en los mismos, no cabe sino denominarla “privatización” por más que usted se niegue una y otra vez a reconocer la evidencia y rechace de plano este término, prueba de ello es que ni siquiera se contempla la opción de que los funcionarios que actualmente están encargados de la llevanza del Registro Civil puedan, voluntariamente si así lo desean, continuar con su función en el nuevo modelo que el Gobierno plantea, lo cual si estaba previsto inicialmente en la Ley del Registro Civil 20/2011 que atribuía estas competencias a las Comunidades Autónomas, precisamente para aprovechar su dilatada experiencia adquirida durante años.
¿Sería admisible la llevanza de la base de datos del DNI, de la Policía o de la Guardia Civil por parte de terceros que no ostenten la condición de funcionarios? Obviamente no, y por ello seguimos sin entender la medida tomada por el Gobierno de privatizar el Registro Civil, al ser la mayor y más antigua base de datos confidenciales del País.
Nuestra justa reivindicación viene respaldada por la inmensa mayoría de asociaciones de consumidores y usuarios de nuestro País, además de colegios profesionales, sindicatos y partidos políticos.
Por todo ello, los trabajadores/as destinados en el Registro Civil de Granada, en su doble condición de funcionarios públicos encargados de la llevanza del Registro Civil y también como ciudadanos usuarios del Registro Civil, en nuestro propio nombre y en el de los compañeros destinados en los restantes registros civiles de Andalucía,
SOLICITAMOS: El mantenimiento del REGISTRO CIVIL como servicio público esencial y gratuito, servido por los Cuerpos Nacionales al servicio de la Administración de Justicia y en consecuencia la inmediata paralización de los planes del Gobierno actual para su privatización a favor de los Registradores Mercantiles.
Es justicia que pedimos en Granada a 16 de Marzo de 2015.
