Publicado en elmundo.es.
Hacienda quiere hacer coincidir la rebaja del IRPF en la nómina de este mes con el pago de la parte de la extra que suprimió el Gobierno en 2012 a los funcionarios y que ahora procede a su devolución en metálico. A la mayoría se les devolverá de oficio porque siguen en el mismo empleo y habilitación. Pero, había un problema con los que han cambiado de destino o incluso de Administración Pública.
Para ello, desde ayer, este departamento ha habilitado unprocedimiento electrónico en la sede de la secretaría de Estado de Administraciones Públicas y en el portal de internet de los empleados públicos para que estos colectivos soliciten la devolución y la puedan percibir a fin de mes.
Además de quienes han cambiado de destino, y de habilitación, podrán solicitar esta devolución los empleados que en los dos últimos años han dejado de estar en activo, así como los familiares de quienes pudieran haber fallecido. El sistema electrónico permite al interesado autorizar a su centro gestor actual para que solicite el certificado de haberes de 2012 de forma electrónica al centro de origen, o bien aportándolo directamente si ya dispone del mismo.
En todo caso, este mecanismo se ha habilitado sólo para los funcionarios de la Administración Central. Es muy probable que el resto de administraciones, es decir, autonomías y ayuntamientos, establezcan un sistema similar ya que también van a proceder a la devolución.
En realidad, no se trata de una devolución de parte de la paga extra, sino del reintegro de los 44 días de devengo transcurridos desde el 1 de junio, en que se computó el periodo para la paga extra de diciembre de ese año, al 14 de julio, fecha en que entró en vigor el decreto de medidas de estabilidad presupuestaria que suprimió la paga para ese ejercicio. De esta forma, el Ejecutivo, y el resto de administraciones, se anticipan al cúmulo de sentencias que ya se estaban produciendo, que declaraban ilegal la supresión total de la paga y que fijaban la percepción de esos 44 días que corresponden al 24,04% de dicha retribución. El coste para el Estado es de 230 millones y la cifra superará los mil millones incluyendo al resto de administraciones.
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