Publicado en lavozdegalcia.es.
Gallardón está alumbrando consensos insólitos, pero en su contra. La
apuesta por la «completa provincialización de la Justicia» que defiende
el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, y que supondría
liquidar 41 de los 45 partidos judiciales de Galicia, ha provocado el
rechazo de todos los estamentos profesionales, sociales y políticos.
Jueces, fiscales, abogados, empresarios, partidos políticos y el
municipalismo en pleno se revuelven contra una reforma que tampoco
satisface al Ejecutivo de Feijoo, pese a que mantiene una posición más
tibia.
El borrador que el Consejo de Ministros aprobó hace un
mes es una bomba de relojería. Si prospera tal como está redactado, ese
nuevo marco normativo dará un vuelco al mapa judicial. De los actuales
partidos judiciales se pasará a los tribunales provinciales de
instancia, con lo que Galicia solo conservaría uno por provincia. De
este modo, Vigo, Santiago, Ferrol, Ourense, Pontevedra y Lugo se
quedarían de un plumazo sin partidos judiciales, pese a la elevada
litigiosidad que atienden sus juzgados. El caso más sangrante es el de
Vigo, que en el 2012 fue la décima ciudad española que atendió más casos
(87.636). La alternativa que se le ofrece es convertirse en sede
delegada de un tribunal provincial que estaría en una ciudad,
Pontevedra, con una población y un volumen de asuntos despachados mucho
menor (18.601). En una tesitura similar quedaría Santiago. La capital
gallega, que atiende 32.859 casos al año, perdería también la sede de la
Audiencia Provincial. Y el impacto sería aún más demoledor en los
núcleos rurales, cuyos vecinos tendrían que desplazarse en algunos casos
cientos de kilómetros para acceder a la Justicia.
Por estas y otras razones, la judicatura se rebela
contra la reforma de Alberto Ruiz-Gallardón. Critica que el ministro
ofrece un profundo retroceso a un sector que lleva años demandando
avances, con un refuerzo de salas y de profesionales que alivie unos
juzgados que en muchas ciudades bordean el colapso. El rechazo es pleno.
El Consello da Avogacía Galega ya denunció que la reforma representa
otro palo en la misma rueda, «un fito máis no camiño emprendido polo Goberno para afastar ao cidadán da Xustiza».
También los decanos de los colegios de abogados han alzado la voz.
Incluso los que entienden que la reforma de la planta judicial es
necesaria apostillan que las cabeceras de los partidos judiciales no
deben desaparecer.
En el plano político, el anteproyecto de Gallardón ha
suscitado en Galicia el mismo rechazo unánime que ya concitó la reforma
local de Montoro. Como entonces, el municipalismo gallego ha cerrado
filas «sen importar a cor política» para advertir que no aceptarán «de ningunha maneira»
una reforma que los alcaldes entienden que puede mermar un derecho
constitucional como el de acceso a la Justicia. El presidente de la
Fegamp, José Manuel Rey, aplaude que, además de los colectivos
profesionales del ámbito judicial, también el Gobierno autónomo se
opone. «Alívianos saber que a Xunta demanda cambios», manifestó.
Y lo hace, pero sin ruido. Como hizo con la reforma
local de Montoro o la regulación energética de Soria, el Ejecutivo de
Feijoo prefiere acomodar sus discrepancias en un discurso conciliador.
Considera que la reforma es necesaria, pero sostiene que debe preservar
los partidos judiciales de las siete ciudades y atender las
«peculiaridades» de una comunidad con una elevada dispersión
poblacional.
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