Publicado en elpais.com.
La gran reforma del proceso penal —la investigación y el juicio de los
delitos y faltas—, una de las medidas estrella anunciadas por el
Gobierno de Mariano Rajoy está a punto de encallar. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada en 1882, corre el riesgo, una legislatura más, de mantenerse en vigor plagada de parches.
Al inicio de la legislatura el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón,
puso en marcha una comisión de expertos que emitió un informe detallado
hace más de un año con una propuesta de Código Procesal Penal, nuevo
nombre de la vieja Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ahora, el simple
cómputo de los plazos de tramitación parlamentaria, unido a la prelación
de prioridades del Gobierno, que ha dejado la propuesta en el cajón,
está a punto de dar al traste con su aprobación en esta legislatura.
La situación no es nueva, porque prácticamente todos los ministros de
Justicia de la democracia inician su mandato proclamando la necesidad
de aprobar un nuevo proceso penal, que acabe con los anacronismos, que
tenga en cuenta nuevas realidades tecnológicas y que agilice la
jurisdicción penal. En la pasada, Francisco Caamaño
llegó a proponer un texto en las Cortes, pero tan a última hora que no
pasó siquiera el debate de totalidad y al final de las legislaturas
decaen todos los textos en trámite. Gallardón hizo caso omiso de ese
texto, quiso empezar desde cero y ahora no tiene tiempo de seguir
adelante.
Lo que sí hacen todos los ministros de Justicia es introducir
reformas en el Código Penal, la ley que fija las condenas para los
delitos y faltas. Se hizo en la anterior legislatura y ahora está en
trámite en el Congreso un proyecto de ley completo, con un nuevo sistema de penas y la desaparición de las faltas para convertirse en delitos menos graves o sanciones administrativas.
En esta legislatura se produjo una novedad destacada al rectificar el
PP una posición histórica y admitir que los fiscales puedan instruir
los sumarios. El PSOE lo intento en la pasada legislatura y el PP
mantuvo su tradicional oposición, pero en esta ocasión Gallardón lideró esa rectificación histórica.
Sin embargo, ese cambio está a punto de quedar en una simple
declaración de intenciones al permanecer en el limbo la reforma de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, que contemplaba otorgar al ministerio
público la dirección de las investigaciones penales y limitaba el tiempo
de la instrucción.
De hecho, el Gobierno sí ha iniciado los trámites de una nueva ley
Orgánica del Poder Judicial que omite esta posibilidad y mantiene la
instrucción por parte de los jueces, con opciones a que sean tres
magistrados los encargados de la investigación y sin mención alguna a la
participación en esa fase de los fiscales.
La propia Ley Orgánica del Poder Judicial
suscita dudas sobre los plazos de aprobación pero, al menos, ha
iniciado ya los trámites. Ha pasado una vez por Consejo de Ministros y
recabará ahora los informes del Consejo General del Poder Judicial,
Consejo de Estado y Consejo Fiscal. La ley tiene más de seiscientos
artículos y, por tanto, esos informes se demorarán previsiblemente al
próximo otoño. Entonces el Consejo de Ministros tendrá que volver a
estudiar el proyecto de ley y remitirlo a las Cortes. En el mejor de los
casos, solo quedaría un periodo de sesiones en el Congreso y el Senado,
el que va desde febrero a julio de 2015, tiempo muy escaso para el
trámite en ambas Cámaras. En septiembre de 2015 es posible que ya no se
abran las Cortes para que las elecciones sean a mediados de noviembre,
en el límite legal.
Ese calendario hace en todo caso ya imposible la aprobación de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal completa, porque va más atrasada, es aún más
compleja y ni siquiera ha arrancado a andar en el Consejo de Ministros.
Como referencia, el Código Penal entró en las Cortes en septiembre de 2013
y siete meses solo ha superado el trámite del debate de totalidad y ni
siquiera ha pasado por el de enmiendas parciales. Aún están
compareciendo los expertos y no saldrá del Congreso antes de otoño para
pasar un trámite similar en el senado. Es decir, necesitará más de un
año para estar aprobado, tiempo del que ya no dispone la ley de
Enjuiciamiento criminal. En esos plazos no se tiene en cuenta la
celebración de elecciones autonómicas y municipales en mayo que, como
ocurre ahora con las europeas, ralentiza el proceso legislativo.
En esas circunstancias y con esa limitación legal, Justicia estudia
la posibilidad de proponer reformas parciales de la vieja ley de
Enjuiciamiento. De hecho, una parte importante de su Código Penal, la
referida a las faltas que se convertirán en delitos menos graves, no
puede aplicarse si antes no se aprueba un proceso específico que no
existe en este momento. Gallardón anunció la pasada semana otras como la
eliminación de la declaración por escrito de altos cargos o la
imposibilidad de ir en las listas para aquellos que tengan juicios
abiertos y estas dos medidas solo entrarán en vigor si se aprueban como
reformas parciales.
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