Publicado en murciaeconomia.com. Artículo de Esther Clavero. La sociedad se va conformado de forma moralmente muy criticable. Conforme a lo previsto por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (BOE 21/11/2012) con un único afán recaudatorio, rompe con el art. 24 de la CE que proclamada la igualdad de oportunidades al derecho a la justicia . A partir de ahora y de acuerdo con el Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero
(BOE 23/02/2013) la justicia tiene precio, y distingue entre rentas.
Con esta medida la derecha española hace viva las declaraciones de Platón según el cual “la justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte”.
La derecha sigue actuando y abriendo camino a las injusticias
sociales, rompiendo el equilibrio y profundizando en las diferencias
entre los grupos sociales. Cada día nos despertamos con un nuevo recorte
o una privatización que añadir al largo listado; o con un nuevo caso de
corrupción: o una corrupción más que añadir a algún imputado. Confío en
que la ciudadanía que confiando en que un nuevo gobierno traería a la
sociedad española mayor prosperidad se dé cuenta de las grandes golpes
que nuestro sistema público está padeciendo en todos sus ámbitos.
El gobierno está cada día más optimista; pero la impresión de la
ciudadanía no es tan entusiasta; la vulnerabilidad, la miseria y la
exclusión social aumentan cada día; el Eurogrupo nos pide que trabajemos
más, que cobremos menos y que nos jubilemos a los 70 años Las
perspectivas no son muy halagüeñas para los que viven de un salario en
descenso: perdiendo capacidad adquisitiva.
Hasta ahora, nos quedaba la justicia, no olvidemos que también es
un servicio público, como la sanidad o la educación, y a ella hemos
recurrido cuando hemos visto avasallados nuestros derechos, que cada vez
son menos, pero aún nos quedaba esa baza; pero hace poco más de un año
se acabó la justicia única para todos los ciudadanos. Y Sólo quienes le
han puesto precio a la justicia y la han convertido en un derecho
inaccesible para muchos, defienden este sinsentido.
Hoy hay dos justicias: la de los pudientes que pueden contratar a
los gabinetes de abogados más prestigiosos sin temor a pagar unos
cuantos miles de euros, y la de quienes no acuden a ella por no poder
afrontar las nuevas tasas.
El gobierno del PP, con uno de sus ministros estrella a la cabeza, Ruiz Gallardón,
pone en escena las llamadas “tasas judiciales”, su excusa, la
Administración de Justicia está saturada y hay que disuadir a la
ciudadanía al acceso a los tribunales, pero a qué ciudadanos se refiere
el señor ministro, a qué ciudadanos quiere disuadir con esta medida. El
señor Gallardón, en su maldad o en su ignorancia, no ha caído en la
cuenta de que somos el país que menos jueces por habitante tiene de Europa, y que un servicio público como es la justicia debe ser sufragado por los impuestos generales. La Constitución a
la que tanto se apela para muchas otras cosas, se está incumpliendo
sistemáticamente en materias de derechos: trabajo, vivienda, sanidad,
educación, y ahora justicia.
En el país que sufre las mayores desigualdades de Europa, no se le
ha ocurrido al gobierno del PP otra cosa que introducir una más. ¿Ésta
es la justicia del PP?, ¿éste es el modelo que se quiere implantar?.
Parece un empeño del PP que cada día se profundice más en las
desigualdades sociales. Esto se ha convertido en una obviedad.
Sabíamos que el PP estaba por hacer recortes en el gasto público
sin importarle que España se convierta en un país de “beneficencia”,
pero nos sorprenden cada día y nos hacen temblar cada viernes cuando la
portavoz del Gobierno, después del Consejo de Ministros, nos anuncia a quién le toca esta vez pagar penitencia con un nuevo recorte.
El ministro Gallardón quiere darle un buen bocado a derechos
adquiridos con anterioridad: justicia y aborto. ¿Qué estará pasando por
las cabezas de los ministros del gobierno?, recortes, recortes, y más
recortes, pero siempre para los mismos. Curiosamente, de los 75.000 M€
de fraude fiscal, que si se recaudaran resolverían bastantes de los
problemas que padecen los ciudadanos, el gobierno ha renunciado a
recuperarlos, Esperemos que otra “amnistía fiscal” no sirva para
blanquear el ennegrecido dinero de unos cuantos a los que los recortes
no afectan. Apaguen el televisor los viernes o mediten su voto en las
próximas elecciones.
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