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Envejecido como continente e inmerso en una crisis económica que ha
disparado el paro y reducido los niveles de recaudación, Europa y quien
la dirige, con Berlín a la batuta, han puesto el foco en la
sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones. Siguiendo las
recomendaciones de la Comisión, España ya ha formulado una propuesta que
pasa por desligar su actualización del IPC -está por ver cuándo entra
en vigor el llamado factor de sostenibilidad- y el Gobierno buscará
ahora el consenso con los sindicatos para evitar un incendio social.
Francia vivió ayer una jornada de protestas por la
reforma presentada por François Hollande, criticada por la derecha por
blanda, y repudiada por la izquierda. Los cambios suponen un desplante a
los planteamientos de la Comisión Europea, pero no han impedido que la
sociedad gala salga a la calle. La principal modificación propuesta por
el Gobierno galo es elevar a 43 los años necesarios cotizados para
cobrar el 100 % de la pensión pública. El cambio se haría de forma
gradual desde el año 2020 para alcanzar ese tope de 43 en el 2035. Ahora
se sitúa en 41,5. Los franceses, que han descartado subir la edad de
jubilación de los 62 años como proponía Bruselas, financiarán parte del
déficit del sistema desde el año 2014, con un alza de 0,15 puntos en las
cotizaciones que pagan empresas y trabajadores.
Mucho más drástico parece el inminente ajuste al que se
enfrentan algunos jubilados portugueses, que se enmarca dentro de las
exigencias impuestas por la UE y el FMI en el rescate financiero. El Gobierno luso propuso ayer un nuevo plan de reducción de pensiones de trabajadores del Estado para el 2014 que implica recortes del 10 % en las retribuciones de más de 600 euros y una disminución de las jubilaciones anticipadas.
El proyecto, según el Ejecutivo conservador de Pedro
Passos Coelho, plantea un ahorro de unos 700 millones de euros en gasto
público. Los recortes se aplicarían sobre las pensiones superiores a 600
euros concedidas hasta el 2005 y afectaría a unas 300.000 personas. Una
vuelta de tuerca más en la inamovible doctrina de la austeridad y la
reducción del gasto en un país azotado por la depresión económica.
Con distintos grados, de diferente forma, países
miembros de la UE están acometiendo reformas en los sistemas públicos de
jubilación, una de las grandes obsesiones de la troika. La reforma
pendiente en España y lo que acontece en sus países vecinos abre el
interrogante de qué es lo que realmente pone en peligro la
sostenibilidad del sistema. Bruselas parece entender que la causa está
en que vivimos más años y han nacido menos niños. Pero la precariedad
salarial y el paro, que no parecen detenerse con la estrategia de los
recortes, generan menos cotizantes al sistema y aportaciones mucho más
bajas.
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