El acuerdo, que se desarrollará en los próximos días, supone el compromiso del Ejecutivo a garantizar el cien por cien del salario de los empleados de este colectivo en determinadas bajas laborales, así como a estudiar la posibilidad de contratar un seguro privado que cubra el resto de supuestos, según ha informado el propio Gobierno en un comunicado.
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Javier Morrás, ha trasladado este jueves este compromiso al comité de huelga del personal de la Administración de Justicia en Navarra, que el pasado martes 2 de julio iniciaron movilizaciones y protestas contra la nueva normativa dictada por el Gobierno de la Nación que reduce las retribuciones de todo el personal de la Administración de Justicia, también el que desempeña su labor en la Comunidad foral.
Los representantes de los trabajadores han señalado en un comunicado que la reunión con el consejero ha sido “productiva” y ha habido “avances”, y han explicado que este viernes a las 9 horas el personal decidirá en asamblea si desconvoca la huelga.
El consejero Morrás ha transmitido la voluntad del Gobierno de Navarra de intervenir en el ámbito de sus competencias para tratar de paliar las diferencias salariales con el resto del personal funcionario navarro, ha explicado el Ejecutivo foral.
Dicha intervención se realizará por dos vías: la primera será dictar una Orden Foral que desarrolle reglamentariamente los supuestos de incapacidad temporal para que los empleados públicos del sector en Navarra mantengan el 100% de sus retribuciones en caso de baja médica.
Este desarrollo normativo se realizará recogiendo las mejores condiciones que se han reconocido en España con relación al personal de justicia, que son las dictadas por el Consejo General del Poder Judicial (instrucción 1/2013). La segunda vía es el compromiso del Ejecutivo navarro de estudiar la posibilidad de suscribir un seguro para cubrir el resto de supuestos que no estén contemplados en esas excepciones.
RETRIBUCIONES Y EXCEPCIONES
El pasado 29 de junio entró en vigor la Ley Orgánica 8/2012 de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, que básicamente reduce al 50% las retribuciones básicas y complementarias de los empleados públicos del sector durante los tres primeros días de baja y al 75% las retribuciones correspondientes a los días 4º a 20º.
No obstante, la Ley Orgánica, en su disposición transitoria sexta, permite a las comunidades con competencias en Justicia desarrollar supuestos excepcionales a las reducciones propuestas por el Gobierno de la Nación.
El departamento de Presidencia, Justicia e Interior ya trasladó el pasado 21 de junio a la Mesa Sectorial de Justicia un borrador de Orden Foral con una serie de excepciones propuestas. El compromiso adoptado hoy supone básicamente añadir a dicha propuesta mayor detalle, de la forma que ha sido redactado ya por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para el personal del ámbito de su competencia (BOE 148 de 21 de junio de 2013).
Así, el CGPJ contempla como supuestos excepcionales, que no significarían merma de salario, la hospitalización; la intervención quirúrgica; incapacidad derivada de exploraciones diagnósticas invasivas (endoscopias, colonoscopías, gastroscopias, etc); de procesos oncológicos; las relacionadas con embarazo, tratamiento de reproducción asistida y lactancia; violencia de género; así como otras enfermedades graves o sujetas a declaración obligatoria.
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