Publicado en lavozdegalicia.es.
Con relativa frecuencia, desde el extranjero suele plantearse la
pregunta de cómo ante un nivel de deterioro económico tan alarmante, con
miles y miles de ciudadanos en un pozo sin salida, en España no se
produce un estallido social mayor. La respuesta está en algunos datos
que ofrecen las estadísticas oficiales. En el tercer trimestre de este
año, según el Instituto Galego de Estadística (IGE), el 9,86 % de los
hogares gallegos admiten recibir ayuda económica de familiares y amigos.
En porcentaje no parece una cifra alarmante. Pero si se calcula cuánto
representa sobre el total, la lectura es otra. Casi cien mil hogares del
poco más del millón existente dependen de la solidaridad de sus
parientes o de otros allegados para hacer frente a las vicisitudes de la
crisis.
Es decir, la familia y los amigos son en estos momentos
en España, junto a las entidades benéficas, el otro Estado de
Bienestar, una suerte de dique que, al menos por ahora, contiene una
avalancha de ira mayor. Una realidad que tiene varias caras. Bien sea
por la ayuda económica o material prestada, por esos jóvenes que
prolongan más allá de los treinta la emancipación del hogar paterno o
por esos desempleados de muchas edades que, sin ingresos o prestaciones,
se ven obligados a regresar a casa de sus padres. Incluso con sus
hijos.
Los jubilados como apoyo
Aquí juegan un papel determinante los llamados abuelos.
Los datos de la EPA muestran que de los 370.000 hogares en los que hay
pensionistas, es decir, no ocupados que perciben ingresos, en 69.000
vive un desempleado y en 24.000 hay dos o más parados. En resumen: en
cien mil hogares de la comunidad gallega, el 10 % del total, hay un
pensionista que está manteniendo a uno o más parados.
Con estos datos y si no mejora la realidad
sociolaboral, lo que pueda ocurrir con el poder adquisitivo de las
pensiones se antoja determinante para contener un mayor clima de
conflictividad social. Si se toma como referencia España, también con
datos de la EPA, se deduce que en un 38 % de los hogares del Estado vive
al menos un parado. En 946.00 familias hay al menos un joven acogido, y
en unas 200.000 viven más de dos.
Los datos que ofrece el IGE dan cuenta del
empeoramiento propiciado por la crisis y de cómo hay cada vez más
hogares que necesitan la ayuda de sus familiares y amigos. A comienzos
del año 2010, ya iniciada la crisis, había en la comunidad 60.000
familias que tiraban de la solidaridad de parientes y amistades. En
apenas tres años, la cifra ha subido en 40.000 más.
El recorte de los gastos de ocio, la decisión de
abaratar la cesta de la compra con las marcas blancas o renunciar a la
compra de ropa son algunas de las iniciativas de los hogares para
ajustarse. Pero el IGE da cuenta también de otro dato estremecedor,
actualizado a marzo del 2013: 61.000 familias gallegas admiten tener
retrasos en el pago de recibos de obligado cumplimiento. La hipoteca, el
alquiler, el agua o la luz.
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