Publicado en elpais.com.
Martes, 10.30. Juzgado número 39 de Madrid, juicio por la rotura de una
tubería. Entran en la sala siete profesionales con toga: tres abogados y
tres procuradores, además de la juez. Los tres primeros intervienen
durante la vista: explican, exponen, preguntan. Los procuradores,
simplemente, asisten. En el tramo final de la sesión, uno de los tres se
levanta, toga colgando del brazo, y entrega unos documentos a la juez y
a una de las partes. Se solicita la interrupción de la vista y los
procuradores sacan su agenda para apuntarse el aplazamiento. Se levanta
la sesión.Cualquiera que asista a un juicio de estas características se preguntará qué hacen los procuradores, a qué se dedican, por qué el cliente se ve obligado a pagarles por sus servicios, además de pagar al abogado. Pero lo cierto es que ahí están, desempeñando una función fundamentalmente administrativa entre bambalinas, y en el centro de un debate que desde hace años cuestiona si realmente son necesarios.
Pues bien, el debate sobre su supervivencia ha sido cortado de cuajo. El Gobierno ha acudido al rescate de este colectivo nacido en 1881, al que muchos consideraban al borde de la extinción. La salvación de este conjunto de más de 10.000 profesionales viene por la vía de ampliar sus funciones y de otorgarles el rango de agentes de la autoridad. Todo ello, con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que también encierra la apertura de una vía para fórmulas de pago para el que busque una justicia más ágil, algo que ha puesto en pie a profesionales del sector.
Los procuradores son los encargados de engrasar una máquina judicial aún dependiente de entregas de notificaciones y citaciones en papel. El correo electrónico, o más precisamente, las comunicaciones telemáticas, se utilizan solo en un 35% de los 50 millones de notificaciones que pasaron por manos de los procuradores en 2012. Se sigue notificando sobre todo en papel y el procurador debe estar de arriba para abajo trasladando documentos, circunstancia que a algunos, como al procurador José Luis Pinto, les llevó a cambiar de vehículo para ser más rápido y diligente: “Me he tenido que comprar una moto, me quita mucha ansiedad”, confiesa en las inmediaciones del juzgado número 39.
A partir de ahora, además de engrasar la máquina, los procuradores van a poder cobrar por ser ellos los que notifiquen a las partes en sus domicilios (función que podían hacer pero que, de hecho, no hacían por la obligatoriedad de acudir con dos testigos para dar fe de sus notificaciones, restricción que el anteproyecto ahora levanta). Y cobrarán una cantidad que oscilará entre los 40 y los 60 euros por notificación, según confirma el Ministerio de Justicia (el número de notificaciones oscila mucho en función de cada proceso, pueden ser cuatro, pueden ser 20).
Así el ciudadano litigante tendrá la opción de elegir entre los trámites lentos de unos sobrecargados servicios de notificación del juzgado, o el trámite rápido de un procurador. “Esta parte de la reforma es una forma de privatización de la Justicia”, reconoce en su despacho la procuradora Rocío Sampere Meneses, “pero ahorra mucho tiempo al cliente”. Sampere dice que la Administración podría llegar a tardar meses en realizar una notificación frente a los tres días que pueden demorarse los procuradores. “Todo esto va a agilizar la justicia”.
Ese es el objetivo del Gobierno, como explica Juan Bravo, subsecretario del Ministerio de Justicia. “Introducimos un sistema de competencia entre procuradores y servicios de notificaciones de los funcionarios de la Administración de modo que el demandante podrá elegir”. Y añade: “No estamos privatizando nada. Siguen funcionando los servicios comunes, que quedarán descargados de trabajo. ¿Qué aporta esta fórmula? Agilidad y rapidez”.
Rafael Fluiters, titular del juzgado número tres de Primera Instancia de Madrid, tiene una visión distinta. Dice que el anteproyecto, en la práctica, va a suponer agilizar los trámites solo para aquellos que puedan pagarlos: “Por ejemplo, los bancos y las inmobiliarias”, ilustra. “El que pueda pagará para que todo vaya más rápido. Eso se llama Justicia de dos velocidades”.
Verónica del Carpio, abogada con 27 años de profesión a sus espaldas, profesora de Derecho Civil y bloguera deja bien claro su punto de vista: “Si las funciones que antes hacían unos funcionarios, de forma gratuita, ahora las podrán hacer profesionales autónomos, cobrando, eso se llama privatización de la justicia. No es una opinión. Es un hecho”.
De confirmarse el texto del anteproyecto, entre las nuevas funciones de los procuradores estará la localización de bienes de un demandado y su embargo. Es decir, el litigante que quiera que un embargo se agilice, pagará. Los lanzamientos hipotecarios —desahucios— han quedado excluidos de las nuevas funciones de los procuradores.
En España, a diferencia de otros países europeos, el representante del cliente en un juicio no es el abogado, sino el procurador. La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ya proponía el pasado 27 de febrero la eliminación de la figura del procurador y el fin de esta exclusividad en la representación del cliente (en la estela de la directiva 2006/123/CE sobre prestación de servicios).
De hecho, el subsecretario Juan Bravo declara que los borradores de la Ley de Servicios Profesionales que prepara el Ministerio de Economía (que tal vez podría estar lista antes del final de año, dice) contempla poner fin a la incompatibilidad entre abogados y procuradores. Es decir, los abogados podrán representar al litigante (con lo cual se pone fin a la exclusividad en la representación); y los procuradores podrán realizar funciones de defensa.
“El avance de las tecnologías hace que sean totalmente prescindibles”, señala el director de iabogado.com, Javier Muñoz Pereira, que dice que el hecho de que sea obligatorio contratarlos hace que se encarezca la Justicia. “Pero han hecho una función de lobby y han marcado un gol”. La abogada Verónica del Carpio sugiere que han contado con la protección del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que ha encontrado en ellos unos aliados después de toparse con el rechazo en otros ámbitos judiciales. “Esa protección de la que se habla es la misma que ha habido con los ministros que le han precedido”, asegura en su despacho Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores de España. “Nos consideran útiles y necesarios, y saben del riesgo de colapso de la justicia si no estamos ahí”, señala.
El anteproyecto está ahora pendiente de los dictámenes que haga el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, el Consejo General de Procuradores, y el Consejo General de la Abogacía antes de ser remitido al Parlamento.
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