En
una carta remitida el pasado 15 de junio, Luis Deleito, Secretario
General de la Federación de Empleados Públicos de la Unión Sindical
Obrera (FEP-USO), exige a Antonio Beteta, Secretario de Estado de
Administraciones Públicas, que se remuevan los obstáculos necesarios
para eximir del pago de las prestaciones de servicios a los mutualistas o
beneficiarios que, en situaciones de urgencia vital, hayan sido
atendidos en Hospitales de la red pública de los diferentes servicios de
salud.
En la carta, nuestro
Secretario General expone la preocupación de FEP-USO en relación a las
recientes modificaciones que ha sufrido el Mutualismo Administrativo, en
estos casos de Asistencia Urgente de carácter Vital.
Esta asistencia es la
que se presta al paciente en los casos en que su situación clínica
obliga a una atención sanitaria inmediata, y en los últimos tiempos, en
especial tras el endurecimiento de las condiciones recogidas en los
conciertos suscritos con las Entidades de Seguro para el aseguramiento
de la prestación de asistencia sanitaria en territorio nacional para los
años 2012-2015, hemos tenido conocimiento de que muchos afiliados y
beneficiarios de MUFACE, MUGEJU e ISFAS han sido requeridos a fin de
reintegrar los gastos ocasionados tras haber sido asistidos, en
situaciones de urgencia vital, en Hospitales de los diferentes Servicios
de Salud, a dónde habían sido trasladados por los equipos de
emergencias sanitarias públicos (112, 061, etc.)
Desde FEP-USO creemos
que la Administración está incumpliendo flagrantemente varias Directivas
Europeas, en especial las relativas a la creación de un número de
llamada de urgencia único europeo, que establecen que los Estados
miembros velarán para que se introduzca el número 112 en sus respectivas
redes telefónicas públicas.
Hasta el momento,
ninguna de las Entidades del Mutualismo Administrativo ha formalizado
los acuerdos necesarios con los responsables autonómicos del teléfono
único de emergencias 112 y los responsables de los equipos de
emergencias sanitarias públicas para que las llamadas realizadas a dicho
número sean desviadas al Centro de atención de emergencias de las
entidades y para que, en su caso, los mutualistas o beneficiarios puedan
ser trasladados en caso de urgencias a medios de las entidades, como
recomiendan las Directivas Europeas.
Desde FEP-USO creemos
que no es de recibo que se anteponga un requisito administrativo al
riesgo vital a la hora de decidir en que centro sanitario se le atiende.
Con el criterio que
adoptan las Mutualidades en la actualidad, se está produciendo una
discriminación respecto de los usuarios de la Seguridad Social y del
resto de entidades del Sistema Nacional de Salud en el que también están
integrado MUFACE, MUGEJU e ISFAS.
 Contenido íntegro Carta remitida al Secretario de Estado |
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