Publicado en elpais.com.El Gobierno estudia aprobar este año un plan contra el absentismo de los funcionarios que incluye, según las líneas iniciales de planteamiento, que estos no cobren su salario íntegro durante los primeros 90 días de baja por incapacidad temporal, tal y como fija el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado. Según el Programa de Estabilidad 2012-2015 que el Ejecutivo ha enviado a Bruselas, esta es una de las medidas que se aprobarán este año para ahorrar gastos de la Administración Central. De acuerdo con el texto del Gobierno, que no ofrece todos los detalles sobre cuál será la rebaja aplicada, la medida tendrá un “impacto presupuestario muy positivo, aunque a priori resulta difícil de cuantificar exactamente”.
La medida es similar a la que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid ya introdujo. Hasta el 1 de enero de 2012, Madrid complementaba el sueldo de sus empleados en caso de incapacidad temporal, de manera que, aunque la Seguridad Social cubriera solo una parte del salario durante la baja, el Gobierno regional aportaba otra partida hasta llegar al sueldo íntegro. El Gobierno de Aguirre señaló también que eliminaba esta ventaja para evitar el absentismo.
El plan del Estado contra el absentismo de los empleados públicos, según figura en el texto que el Gobierno ya ha remitido, “aumentará la productividad de los funcionarios y disminuirá las necesidades de contratación”, según el Gobierno. Además, prevé que se reduzcan los gastos de MUFACE, el organismo público dependiente de Hacienda que gestiona la protección social de los funcionarios y que comienza a abonar el subsidio por enfermedad a partir del cuarto mes de inicio de la situación de enfermedad, “al reformarse los requisitos para el pago de los subsidios y cambiar el cómputo del tiempo de meses a días”.
El texto añade que se acortarán “los plazos de expedición y entrega” de los partes de baja por incapacidad temporal a los departamentos de personal en el régimen especial de funcionarios. Asimismo, se prepara la “eliminación de la licencia por enfermedad a aquellos funcionarios sometidos a controles médicos con resultado de alta o incomparecencia injustificada a reconocimiento médico”.
Por otra parte, el plan recuerda además que esta no es la única medida que se aplica para reducir el peso en los presupuestos de los empleados públicos. El Ejecutivo repasa las medidas “más comunes contempladas”, muchas de ellas, recetas de ahorro propuestas por comunidades autónomas, según asegura el texto. “Son las congelaciones o reducciones salariales de los empleados públicos y altos cargos; la introducción de medidas de flexibilización horaria, (acompañadas de una reducción proporcional de retribuciones); amortización de puestos de trabajo y no convocatoria de nuevas plazas, al establecer una tasa de reposición entre el cero y el 10%, además de las ocupadas por personal temporal o interino, o por reducción del número de entidades y empresas públicas del sector público autonómico; reducción del número de altos cargos y personal eventual por una disminución del número de Consejerías y centros directivos; reducción de días adicionales de vacaciones o por antigüedad; aumento de las horas de trabajo hasta la máxima permitida; medidas de control del empleo público; eliminación del número de liberados sindicales; control del absentismo laboral; reducción de ayudas sociales y aportaciones a planes de pensiones para los empleados públicos; la prohibición de cláusulas indemnizatorias; y la reducción de las prestaciones complementarias por incapacidad temporal”.
Aunque no ofrece cifras concretas sobre los recortes, en el caso de la medida de reducción de días libres para los funcionarios, el texto apunta que se trata de “la eliminación de días adicionales de vacaciones por antigüedad y de días adicionales por fallecimiento, por intervenciones, etc”.
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