Publicado en www.larazon.esEl Gobierno tiene muy avanzada una ley ómnibus que podría ver la luz en las próximas semanas y que sería un complemento más, de los muchos que quedan pendientes, en el plan de ajuste del gasto público que recogen los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes. En la elaboración de los Presupuestos, el Ejecutivo ha estudiado al milímetro cada partida de gasto y de ingresos para analizar qué es, a su juicio, lo realmente prescindible en una situación extraordinaria como esta y por qué vía se puede incrementar efectivamente más los ingresos y el ahorro.
En los Presupuestos no se han recogido todas las posibilidades sobre las que están trabajando intensamente, y la intención es adoptar nuevas medidas en dos direcciones, la productividad en el sector público y, ligado a ella, un aumento del ahorro en el gasto autonómico. La concreción depende de la oportunidad política, de la contestación social y de la evolución del escenario económico.
En relación a lo primero, el Gobierno está sujeto a su compromiso de no aprobar nuevas reducciones en el sueldo de los funcionarios, como la que adoptó el Ejecutivo socialista en el ajuste extraordinario de mayo de 2010. Pero hay otras opciones planteadas que se sumarían a la extensión de la semana laboral a las 37,5 horas. Entre ellas, la revisión de los complementos actualmente en vigor en la función pública; la reducción de los días por asuntos propios, los conocidos como «moscosos», en honor al ex ministro socialista Javier Moscoso, que fue quien los aprobó, o la revisión de los trienios (el Ejecutivo ha estudiado la posibilidad de transformarlos en quinquenios).
En un contexto de reformas estructurales como el actual, encima de la mesa del Gobierno está la reflexión sobre la necesidad de aumentar la productividad de la función pública. Son numerosos los expertos que plantean que se avance en el trabajo por objetivos, la flexibilidad o la movilidad. Los estudios confirman que en España la factura de los salarios del empleo público es superior a la media de la OCDE y que hasta ahora la jornada del funcionario español era también la más baja de la UE, explican en el área económica. El Ejecutivo mantiene que sigue sin barajar despidos como los que se han producido en otros países de la UE, pero advierte de que sí deben seguir haciéndose cambios, y que salvar el deterioro de la productividad es un objetivo prioritario siempre, y más en un momento como este, aunque los funcionarios ya estén sufriendo la crisis en sus carnes –bajada salarial del 5 por ciento en la anterior Legislatura y congelación del sueldo para este año.
Según la OCDE, de los 29 países que en diciembre de 2010 habían elaborado planes de consolidación fiscal, 20 de ellos redujeron el salario de sus empleados, y 15 disminuyeron su plantilla. Los recortes han afectado a Portugal, Grecia o Irlanda, pero también a otros países no intervenidos como Francia o Reino Unido. Este último estudia incluso equiparar los sueldos de los funcionarios al nivel de vida de las zonas en las que viven.
La citada ley ómnibus también podría recoger una reforma de la legislación básica para atender la demanda de las comunidades autónomas de tener más margen de maniobra en la organización de su gasto público en partidas tan importantes en sus Presupuestos, y tan delicadas, como la Educación o la Sanidad, siempre, eso sí, con unas bases comunes para todos. Hay presidentes autonómicos que han reclamado al Gobierno más libertad para fijar el ratio de alumnos por clase; el catálogo de prestaciones sanitarias; o para revisar el gasto farmacéutico. Pero en su programa el Gobierno también se comprometió a presentar un catálogo de servicios públicos comunes para toda España para frenar que la crisis acentúe las diferencias entre territorios. Esta reforma del gasto público autonómico está además bajo debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En su primera reunión de esta legislatura decidieron crear un grupo de trabajo al respecto, pero dejaron su activación para después de las elecciones andaluzas.
El Gobierno, en el ejercicio de sus competencias, también ha analizado otras medidas, como la revisión de las tasas universitarias o de las subvenciones a los cursos de postgrado. Antes del verano verá la luz, asimismo, el plan de reorganización de la Administración Pública para corregir las duplicidades de competencias entre Estado, comunidades y ayuntamientos, para eliminar disfunciones y ahorrar en estructuras.
El presidente explicará hoy sus reformas a los españoles
La tradición es que las reuniones del Comité Ejecutivo del PP, órgano que reúne a la plana mayor de la dirección, se celebren a puerta cerrada, salvo contadas excepciones. Y lo habitual es que sean las reuniones de la Junta Directiva Nacional, máximo órgano entre congresos, las que sí se radien a los medios cuando Rajoy empieza a pronunciar su discurso. Este último es un órgano tan amplio que en él pierden toda razón de ser los mensajes en clave interna confiando en la reserva. Esta vez habrá excepción y el discurso que el presidente del Gobierno pronunciará ante su Ejecutiva podrá ser recogido por la prensa. En un marco tan cómodo como éste, Rajoy se dirigirá por primera vez a los españoles tras la huelga general y tras aprobarse unos excepcionales Presupuestos –que compartirá hoy con Volker Kauder, presidente del grupo parlamentario de la CDU alemana, el partido de Angela Merkel–. Fuentes de su entorno aclaran que Rajoy hará pedagogía, que explicará una vez más el sentido de la hoja de ruta que está siguiendo y la obligatoria necesidad de seguir insistiendo en el camino de las reformas y de los ajustes del gasto público.
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