El Ministro presenta varios proyectos legislativos en el Congreso.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado este miércoles en la Comisión de Justicia del Congreso su intención de emprender seis nuevos proyectos legislativos de gran calado a lo largo de esta legislatura y la reforma de varias leyes para aplicar, entre otras novedades, la pena de “prisión permanente revisable”, novedades en el enjuiciamiento de menores que cometan delitos graves y la introducción de tasas judiciales a partir de la segunda instancia, así como la reforma de la Ley del Aborto para que las menores que aborten tengan el consentimiento de los padres.



Nuevos proyectos legislativos:
- Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial: Se reformará el sistema de
elección de modo que doce de sus veinte vocales sean elegidos de y entre jueces y magistrados de todas las categorías y se delimitarán las competencias del Pleno y de las distintas comisiones para agilizar el funcionamiento de este órgano. Se potenciarán los principios de mérito y profesionalidad en la promoción de la carrera judicial.
Se delimitarán las competencias del Tribunal Supremo y el Tribunal
Constitucional y se recuperará el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía.
- Nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial: el Ministerio entiende
que es necesario actualizar el concepto de partido judicial, que ha quedado obsoleto porque responde a una realidad muy distinta a la actual.
- Nuevo Código Mercantil: El objetivo de esta nueva norma es materializar el compromiso expresado por el presidente del Gobierno sobre la necesidad de garantizar la unidad de mercado y redundar en una competitividad real. No solo integrará en un único cuerpo legal la dispersa legislación mercantil existente, sino que, además, la completará y modernizará adaptándola a las exigencias de la nueva realidad económica.
- Nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal: Por su envergadura, es un
proyecto de legislatura para actualizar una ley original del siglo XIX.
La nueva norma ordenará los plazos del secreto de sumario, el control de las conversaciones telefónicas, el derecho de todo condenado a la revisión del fallo condenatorio por un Tribunal superior y el papel de la policía judicial, entre otros.
Al tiempo que se garantiza la independencia del Ministerio Fiscal en su marco de actuación , se incrementará el papel del fiscal en la instrucción en los procesos de urgencia o en aquellos que supongan una investigación mínima, sin perjuicio de la labor del juez instructor.
- Nueva Ley de la Jurisdicción Voluntaria: Será un medio eficaz para
desjudicializar y reducir el volumen de asuntos de naturaleza no estrictamente jurisdiccional tradicionalmente encomendados a los jueces. Se reordenarán las competencias de jueces y secretarios judiciales y los procedimientos en materia de derechos reales, obligaciones, sucesiones, derecho mercantil y marítimo pasarán a notarios y registradores.
- Nueva Ley de Mediación: Se convertirá en una oportunidad para avanzar en la modalidad alternativa de solución de conflictos. Actualmente no existe ninguna norma general que regule de manera sistemática la mediación en el orden civil y mercantil.
Reformas legislativas parciales.
- Reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo en la que se exigirá el consentimiento paterno en relación a las menores y se defenderá el derecho a la vida en los términos ya definidos por la doctrina del Tribunal Constitucional.
- Se estudiará la posible instauración de la pena de prisión permanente revisable, configurada como una pena excepcional para supuestos muy restringidos pero que han alcanzado el máximo grado de repulsa social.
- Se abordará con la máxima prioridad la reforma de la multirreincidencia de forma coordinada con el Ministerio del Interior.
- Introducción de un sistema de juicios rápidos en el orden civil, a
semejanza del que tanto éxito ha tenido en el ámbito penal.
- Reforma del Estatuto de las Víctimas para garantizar los derechos de las víctimas de cualquier tipo de delito. Una reivindicación que ha crecido en los últimos años y que se corresponde con el completo abandono de la víctima en el ámbito normativo. Se reestablecerá su derecho a estar informado de la situación procesal del autor del delito y de su paradero hasta el final de su condena, y se establecerán fórmulas para eludir el pago de las indemnizaciones.
- Introducción de una nueva regulación en la Ley Orgánica de
Responsabilidad Penal del Menor por la cual se unificará la investigación y el enjuiciamiento en los casos de delito grave en los que estén implicados mayores y menores, sin que esto suponga una merma de los derechos del menor.
- Tasas judiciales, se pretende desjudicializar determinados procedimientos. Se dará prioridad en los tribunales a expedientes de mayor trascendencia y se revisarán las tasas judiciales. “Hay un abuso en el acceso a la segunda instancia, que ha provocado el colapso judicial”. En la segunda instancia propondrá un depósito previo. Habrá una asunción obligatoria de los costes del proceso por las partes procesales en la segunda instancia, con reintegro de su parte a la parte ganadora del pleito. Quedan fuera de este régimen de tasas las personas sin recurso y el proceso penal.

- Asistencia Jurídica Gratuita. Se mantendrá pero precisa corrección para evitar abusos. Se va a solicitar acreditar insuficiencia de medios en los recursos y se volverá a revisar el requisito de insuficiencia de medios cuando en justicia gratuita se acuda a la segunda instancia.

- Coordinación informática: Se creará una agencia estatal que articule todo el sistema informático, una red para conocer los asuntos judiciales. Se hará con participación del Ministerio, CCAA y CGPJ. Habrá una auditoría constante.

- Eliminar la inhabilidad del mes de agosto: Se aprobarán  los mecanismos necesarios para evitar que haya tiempos muertos en los tribunales. También aseguró que va a buscar fórmulas adecuadas para conciliar la realidad judicial (en relación al periodo vacacional) y dar respuesta urgente a los procedimientos durante estos periodos muertos.

El ministro de Justicia ha concluido su primera intervención en el Congreso de los Diputados con el propósito de conseguir “el máximo consenso posible” y de “tender puentes, escuchar a todos los grupos políticos, operadores jurídicos, jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores, graduados sociales, dialogar con ellos y llevar a buen puerto las reformas legislativas esenciales” que se van a emprender “en pro de la modernización de la Justicia”. Además, ha expresado su compromiso de “mantener una fluida relación con las Comunidades Autónomas con competencias transferidas”, poniendo en valor la
Conferencia Sectorial de Justicia, constituida en 1999, como “una valiosa
herramienta para mantener un permanente diálogo con las Administraciones autonómicas”.