El Gobierno solo podrá realizar
sustituciones temporales en escuelas, centros sociales y sanitarios,
justicia, emergencias y servicios contra incendios.
Para muchos de los 226.000 gallegos sin
empleo, las sustituciones de personal de baja temporal en la
Administración constituyen una esperanza de lograr un puesto durante un
tiempo. Pero la Xunta necesita controlar el gasto corriente y en
personal y para ello ha decidido bloquear estos contratos. El año que
viene, el Gobierno gallego congelará las contrataciones de interinos y
de personal laboral temporal en la mitad de sus diez consellerías y en
todos los puestos de carácter administrativo.
El intento de fomentar la actividad
económica choca con unos presupuestos para el año que viene que regresan
al nivel de 2006 y que cierran la puerta a las llamadas listas de
interinos. “Durante el año 2012 no se procederá a la contratación de
nuevo personal laboral temporal ni al nombramiento de personal
estatutario temporal, ni al nombramiento de personal funcionario
interino”, indican los presupuestos para el próximo ejercicio, siguiendo
la senda de contención de gasto marcada el año pasado.
La Xunta excluye de estas restricciones las
áreas sociales, justicia y emergencias. En el primer caso, permitirá
las sustituciones en los centros de enseñanza, tanto de profesores como
de personal no docente, en los centros asistenciales del Sergas, centros
sociales (centros de día o residencias), miembros del servicio contra
incendios forestales, justicia, emergencias y protección civil. “Las
contrataciones se adecuarán estrictamente a las necesidades del servicio
y tendrán como límite máximo las previsiones presupuestarias
establecidas”, indican los presupuestos de 2012.
Solo se permitirá cubrir las sustituciones
en Sanidade, Educación, Benestar, una parte de Presidencia y los
incendios, dependientes de Medio Rural. En el resto, contención
absoluta: las bajas deberán cubrirse con el trabajo de los funcionarios
de al lado. Eso sí, la Consellería de Facenda no cierra la puerta a
excepciones. El departamento que dirige Marta Fernández Currás tendrá
potestad para levantar este veto, pero deberá recibir una “memoria
explicativa que justifique la necesidad urgente e inaplazable y el
carácter imprescindible para el funcionamiento del servicio” por parte
del departamento que requiera la cobertura de una baja.
En esta línea se enmarca también la reforma
legal del año pasado para poder trasladar funcionarios de un
departamento a otro para cubrir las necesidades de la Administración. La
Xunta no ofrece información sobre si se están aplicando estos cambios
de destino, que primero se quisieron imponer de forma obligatoria y
luego tomaron carácter voluntario.
La contención a la hora de cubrir bajas
choca con las protestas de dos colectivos claves supuestamente exentos:
profesores y sanitarios. Estos últimos realizarán una protesta el
miércoles en Santiago y amenazan con una huelga general cuatro días
antes de las elecciones generales en caso de que la Consellería de
Sanidade no atienda sus quejas, centradas en la aplicación de una tasa
de reposición del 10%: es decir, que de las 1.760 jubilaciones del año
próximo solo se cubrirán 176. El departamento de Pilar Farjas alega que
esa tasa viene fijada por normativa estatal y no tiene margen para
incumplirla.
El ambiente en la educación también está
enrarecido por las protestas sindicales ante el aumento de la carga
lectiva al profesorado, que según los primeros provocará 1.000 despidos.
La Consellería de Educación negó esa cifra, si bien reconoció que de
las 1.165 jubilaciones del curso pasado se dejaron sin cubrir 587. Y
culpó de ello al Gobierno central por establecer, en el caso de la
docencia, una tasa de reposición del 30%. Además, el conselleiro Jesús
Vázquez aseguró que durante el curso se realizaron 414 contrataciones
interinos.
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Publicado en www.farodevigo.es