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| Antonio Dorado vocal CGPJ |
En septiembre de 2008, cuando tomamos posesión como nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, mis compañeros y yo nos las prometíamos muy felices. Comenzábamos un mandato nuevo con el objetivo de superar todas las diferencias pasadas y el convencimiento pleno de poder terminar la construcción de la “gran catedral” que para nosotros suponía el proceso de modernización de la justicia.
Comenzamos muy fuertes. Apenas pasados dos meses, hicimos pública nuestra “Hoja de ruta para la modernización de la Justicia”. Un documento de gran importancia que fue elaborado y consensuado, hasta su más mínimo detalle, entre los vocales que formamos parte de la Comisión de Modernización del CGPJ, y que después fue refrendado por el Pleno, el máximo órgano de nuestra institución.
Teníamos las cosas muy claras sobre lo que había que hacer y cómo. Me consta que al entonces titular de la cartera de Justicia nuestra “Hoja de ruta” le sorprendió porque contenía todas las claves para modernizar la Administración de Justicia. Y no debería haber existido tal sorpresa porque, ¿quién puede conocer mejor la Justicia española que los que la viven y la dirigen? Tal vez nos infravaloró.
Por eso, cuando el anterior ministro fue sustituido por el actual pensamos que había llegado el momento del gran cambio, del gran salto hacia delante. Su sucesor abrazó nuestra “Hoja de ruta” y la hizo suya. Los mensajes que nos llegaban de la calle de San Bernardo no podían ser más alentadores. Nadie hablaba de resucitar el “Pacto para la reforma de la justicia”, suscrito por los principales partidos políticos en 2001, y enterrado tras los resultados electorales del 14-M, pero todos teníamos muy claro que estaba muy vivo.
Ausencia de confianza
La colaboración que brindamos desde el CGPJ fue plena, generosa y sincera desde el minuto uno. No fue así desde “el otro lado”. Al contrario, en muchas ocasiones nos enteramos de algunas de sus iniciativas a través de la prensa. Iniciativas, muchas de ellas, que no han tenido finales felices, como por ejemplo, la implementación de la nueva Oficina Judicial en Murcia o en Burgos, donde “la nueva organización judicial” precisa de más gente para hacer lo mismo que antes en más tiempo. Una locura.
Es verdad que, entre nosotros, en apariencia todo parecía “felicidad”. Era pura apariencia. Para muestra, un botón, el CGPJ, el Ministerio de Justicia, las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en esta materia y la Fiscalía General del Estado, firmamos, hace varios años, un convenio denominado EJIS (Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad), que estaba destinado a crear un marco de colaboración y colegiación de esfuerzos en nuevas tecnologías.
La idea inicial era impecable: se comparten los instrumentos existentes y se abordan proyectos nuevos en común, lo que supone una racionalización de los costes y una mayor eficiencia de las medidas de modernización; la actuación del Ministerio de Justicia defraudó estas expectativas por completo. Fue por su cuenta.
Otro ejemplo: El CGPJ tiene, desde hace 10 años, una infraestructura de comunicación e interoperabilidad, llamada Punto Neutro Judicial, que se encuentra en pleno funcionamiento, como se observa si se tiene en cuenta que el año 2011 se va a cerrar con quince millones de consultas por parte de los Juzgados y Tribunales.
Esta plataforma se puso a disposición de las instituciones de EJIS, con la finalidad de incluir nuevos servicios u optimizar los que ya presta. El Ministerio de Justicia, en cambio, creó otra plataforma de interoperabilidad con la misma finalidad y ha venido entorpeciendo las nuevas actuaciones del Punto Neutro Judicial. Esto se entiende poco, especialmente en una situación de crisis económica que obliga a optimizar los recursos, mejorando la eficiencia de los gastos públicos. Y lo hace duplicando servicios superfluamente y vendiéndolo como si hubieran descubierto la rueda.
Servicio de inspección paralelo
Otro ejemplo de duplicidad innecesaria: la creación de un nuevo servicio de inspección paralelo, controlado -eso sí- por el Ministerio. La Constitución establece, en su artículo 122.3, que la facultad de inspección de los tribunales corresponde al CGPJ, una función que realiza nuestro Servicio de Inspección, que es muy eficaz -y a las pruebas me remito-. Ahora el Ministerio monta una estructura yendo mucho más allá del mandato de la LOPJ, en la que se faculta al secretario de Gobierno para que inspeccione los servicios que sean responsabilidad de los Secretarios Judiciales. Toda esta nueva organización es fijada por una Instrucción del Secretario General de Justicia, cuando la regulación de la materia de inspección es constitucional o de Ley Orgánica.
Desde mi punto de vista, hemos perdido una oportunidad histórica para transformar la Administración de Justicia española, para hacerla más eficaz y más eficiente. Ha primado lo que yo llamo “el medallismo”, el ponerse medallas públicas por cualquier cosa, haciendo creer a la ciudadanía que se están haciendo las cosas bien en la modernización de la Justicia. Y no se cuenta la verdad.
¿Dónde han ido los cientos de millones de euros invertidos por el Ministerio? ¿Han tenido reflejo en el día a día de los tribunales? La respuesta es: no. No hay más que preguntar a los operadores jurídicos, a los jueces, secretarios, fiscales y abogados. Ellos conocen la verdad. Y la ciudadanía lo percibe. A día de hoy, por ejemplo, el Ministerio de Justicia todavía no ha dicho cuántos órganos judiciales se crearán en 2011.
Desde el CGPJ hemos hecho lo que hemos podido, y ha sido mucho. Pero como todo el mundo sabe, el CGPJ no puede hacer leyes ni tiene capacidad legislativa. Podemos apoyar determinadas iniciativas y así lo hemos hecho, pero ahí nos quedamos. Ese es nuestro límite.
Tampoco tenemos capacidad económica. Le corresponde al Ministerio y a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas el dotar con medios materiales y humanos a la Administración de Justicia. Esas son nuestras principales fronteras, que no son pocas.
El Ministerio ha vendido humo
Por otra parte, somos el órgano de gobierno de los jueces y si alguien posee la capacidad para saber qué es lo que no funciona, si alguien conoce bien el mapa de la Administración de Justicia, sus puntos negros, esos somos nosotros. Y los puntos negros, desde nuestro punto de vista, no se están afrontando, por mucho que cuente, diga y venda el Ministerio de Justicia. Porque en eso, en vender, hay que reconocerlo, sí que han sido buenos. Muy buenos, aunque sea sólo humo.
La esencia del proceso modernizador de la Justicia, la clave de bóveda, consiste en transformar estructuras de trabajo, ser más eficientes, y en esto las herramientas informáticas que utilizamos son esenciales. Y yo me pregunto, ¿por qué resulta tan difícil implementar un sistema informático que tenga una eficacia, igual o parecida al que tiene la Agencia Tributaria? ¿Por qué un inspector de Hacienda en el Puerto de Santa María, en Cádiz, u otro en Santander pueden ver lo que yo gano simplemente apretando un botón y un juez, en esas mismas condiciones, le resulta muy difícil, por no decir imposible, saber el historial judicial de una persona incursa en un procedimiento? Yo no lo entiendo y el ciudadano de la calle tampoco.
Quiero ser optimista. No quiero pensar que las cosas puedan ir a peor con quién venga, dentro de dos meses. Espero que hagan lo que tienen que hacer, lo que todos esperamos, lo que la ciudadanía desea que se haga: modernizar bien y como debe de ser la Administración de Justicia.
Existen grandes retos que hay que abordar: el problema de la financiación de la Justicia, la interoperabilidad y comunicación entre los distintos sistemas de información del sistema judicial, la reestructuración general de una organización territorial de los Juzgados que data del siglo XIX, el excesivo número de funcionarios interinos especialmente en determinados lugares, la mejora organizativa, introduciendo en la Administración de Justicia principios y postulados de la denominada ciencia de la Administración, la reforma del sistema procesal penal a través de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que la vigente data de 1882.
Quedan muchas cosas por hacer, muchas asignaturas por aprobar. Porque este Ministerio que se va ha suspendido en junio y en septiembre varios años consecutivos. Ha sido una legislatura perdida para la Justicia. Nota: No apto. No pasa.
Antonio Dorado Vocal del CGPJ
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