Publicado en farodevigo.esEl conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda, avanzó ayer que los presupuestos de la Xunta volverán a incluir una partida de 15 millones de euros para el nuevo complejo judicial de A Parda y que encargará antes de que termine el año el proyecto con el objetivo de poder adjudicarlo en 2012.
En respuesta al diputado autonómico y edil pontevedrés del PP Jacobo Moreira, el titular de este departamento autonómico añadió que, si a finales de año no están desbloqueados los terrenos por parte del Ayuntamiento de Pontevedra, la Xunta encargará en todo caso “el proyecto”, con el objetivo de que en cuanto se disponga de la parcela “los ciudadanos no se vean más castigados”.
Durante su intervención, recordó que en el mes de julio hubo una reunión con el regidor pontevedrés, Miguel Anxo Fernández Lores, en la que la Xunta se comprometió a “agilizar las obras”, lo cual mantiene, pero ha lamentado que se lleve “un año y cuatro meses de retraso” por culpa –dijo– del ayuntamiento.
Por su parte, el diputado popular lamentó “la falta de capacidad” del alcalde, al que ha acusado de “privar de 15 millones” a los pontevedreses. En este sentido, Alfonso Rueda puso el ejemplo del desbloqueo de la Fábrica de Tabacos en A Coruña con la llegada del PP al Ayuntamiento y ha remachado que “cuando se colabora, se hacen obras”.
Estas manifestaciones tuvieron una rápida respuesta desde el Concello de Pontevedra, concretamente del teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Antón Louro, quien celebró el anuncio de la licitación del proyecto arquitectónico, “un trámite que el Concello viene reclamando desde hace más de un año”. También aguarda que la Xunta “sea lo suficientemente ágil para que pueda licitar también las obras durante el año 2012 y no demorar así excesivamente este trámite”.
Louro hizo un llamamiento a la colaboración institucional para sacar este asunto adelante y afirma que tanto la Xunta como el Concello deben trabajar “seriamente y sin demagogias o anuncios grandilocuentes”. “Lo importante –concluye– es que el proyecto arquitectónico, que ya debería estar realizado, dé paso inmediatamente a la licitación de las obras”.
En cuanto a la disponibilidad de los terrenos, el teniente de alcalde recordó que el Concello tramitó “en tiempo récord” el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) que va a hacer posible la construcción de la sede judicial. Aprobado en enero, determinó los parámetros del inmueble dando “todo tipo de facilidades” para conectar con el edificio ya existente y estableciendo las necesidades de espacio en unos 12.000 metros cuadrados para alojar a 30 unidades judiciales. En el camino, el Concello incluso tuvo que alegar contra el Plan de Ordenación del Litoral elaborado por la propia Xunta y que afectaba a esos terrenos.
A partir ahí, el gobierno local se vio obligado a esperar al final del proceso expropiatorio iniciado por ADIF para abrir la nueva calle entre Doce de Novembro y Conde Bugallal. Una vía que mejorará sustancialmente la conexión con los dos edificios de juzgados. Esta resolución fue comunicada el 13 de marzo.
Finalmente, desde el Concello aseguran que se contrató a una empresa para valorar los 6.200 metros cuadrados de la Unidade de Actuación 24 y se están dando ya “los últimos pasos”. La certificación registral recibida la semana pasada determina que los terrenos se dividen en un total de 16 parcelas. El propietario mayoritario es “Construcuatro”, con 1.331 metros cuadrados. También destaca una parcela de “Os Regos Promociones” (560 metros), ADIF (897 metros) y el Concello (530 metros). Hay diez parcelas más a expropiar de propietarios particulares identificados y otras 2 que pertenecen a personas desconocidas.
“Está claro que no estuvimos parados” con respecto a este tema, finalizó Antón Louro, quien anunció que este expediente expropiatorio recibirá el “máximo impulso”.
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