Para muchos profesionales de la justicia oír hablar de la posibilidad de establecer un copago supone un atentado contra los derechos fundamentales de los ciudadanos. “No creo que ningún político opine que sea un privilegio que los más desfavorecidos tengan el derecho a defender sus derechos fundamentales”, escribió recientemente Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), en el V Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita.
Lo mismo mantuvieron ayer los secretarios judiciales, para los que esta medida supondría no solo “un ataque flagrante del estado del bienestar sino también al principio de igualdad en el acceso a los servicios públicos”. Para ellos, este acceso “no puede hacerse depender de la capacidad económica individual”, como se pretende plantear con el denominado sistema de copago.
Gestionar recursos
“Sin embargo, la maltrecha economía de las comunidades autónomas y la necesidad de reducir su alto endeudamiento está obligando a los políticos a proponer alternativas para reducir el gasto. La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha sido la última en dar su visión sobre este asunto. En rueda de prensa, avanzó que si el PP llega al Gobierno estudiará cómo “gestionar mejor los recursos”.
“Lo veremos todo”, aclaró, aunque prefirió desmarcarse del consejero de Justicia y Bienestar valenciano, Jorge Cabré, quien la semana pasada había abogado por que pagaran la justicia quienes más la utilizaran. “Es su opinión”, precisó la presidenta manchega, “no obstante, hay que empezar a hacer un replanteamiento de la gestión de todos los servicios públicos en todas las esferas, en la justicia, la sanidad y la educación”.
Desde su punto de vista, resultará necesario establecer “una cartera de servicios uniforme, equivalente e igualitaria para todos los ciudadanos en toda España y que la gestión de los recursos sea la más homogénea posible para que sea eficaz”, añadió Cospedal.
El portavoz del Gobierno, José Blanco, criticó duramente en un reciente mitin la posibilidad de establecer este tipo de copago. “Quieren hacer pagar dos veces a los ciudadanos, una a través de los impuestos y otra cuando se acude a los juzgados, hospitales o colegios”, agregó.
Los jueces y magistrados, sin embargo, no se ponen de acuerdo. La progresista Asociación Jueces para la Democracia (JpD) entiende que aunque las entidades bancarias, las sociedades mercantiles o las personas con elevado patrimonio no tendrían ningún problema en pagar las tasas, “a los ciudadanos de rentas inferiores se les disuadiría de la defensa de sus derechos, lo cual afectaría al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”.
Esta organización defiende que “esta perspectiva de limitación de los servicios públicos a través del copago, representa una visión contraria a los principios esenciales del Estado social, democrático y de derecho”.
En el polo opuesto, se encuentra la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) para quien resulta lógico que los gastos ordinarios de la Administración de Justicia sean soportados en mayor medida por aquellas personas que acuden a los tribunales con más frecuencia.
La APM aboga por un sistema en el que el perdedor de un juicio asuma mediante el copago un porcentaje del gasto derivado del funcionamiento de la Administración de Justicia, en lugar de que sea sufragado por todos los contribuyentes españoles como ocurre en la actualidad.
En este sentido, los secretarios judiciales representados en el sindicato Sisej aseguraron no entender “que desde un determinado sector de la judicatura se haya participado de modo entusiasta en la defensa de esta idea, que estimamos profundamente injusta” en alusión a la opinión de la mayor asociación de jueces.
Para la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, la tasa de la Administración de Justicia no sería onerosa para los usuarios y contribuiría a “mejorar este servicio público”. Pero no todos lo creen así.
Los secretarios judiciales rechazan que se pretenda culpar públicamente a los ciudadanos de la tradicional “falta de eficacia de la justicia”, así como que se proponga hacer recaer sobre los mismos “el coste económico de una supuesta agilización”. “La garantía de la igualdad en este acceso, y la responsabilidad de ello corresponde precisamente a los poderes públicos”, avisan.
Todavía existen comunidades autónomas que no cuentan con las competencias de Justicia, algo que más de una se empieza a replantear, después de observar el sobrecoste que supone en tiempos de crisis.
Mayor celeridad a la Nueva Oficina Judicial
La implantación de la Nueva Oficina Judicial (NOJ), impulsada por el ministro Francisco Caamaño, podría ser una solución a los problemas de agilidad y gasto en la justicia. “Todos los operadores jurídicos, los secretarios judiciales y también los jueces y magistrados, sabemos perfectamente, y la opinión pública cada vez es más consciente de ello, que la justicia no empezará a ser moderna y eficaz mientras no se culmine la transformación organizativa de la misma que debe suponer la implantación de la Oficina Judicial”, afirmaron desde el Sindicato de Secretarios Judiciales.
Sin embargo, el desarrollo de este modelo ha chocado con una situación económica de mínimos en los gobiernos regionales, lo que está provocando muchos retrasos en su puesta en marcha. Los secretarios judiciales piden celeridad en su desarrollo y que “se coloque por encima de otros intereses la satisfacción de la ciudadanía, de toda la ciudadanía, sin distinciones en función de su capacidad económica o de cualquier otro tipo”.
Publicado en www.cincodias.com