Publicado en www.farodevigo.es
Montañas de expedientes se apilan en los juzgados gallegos. Las listas de espera en la Justicia superan a las del Sergas con juicios que tardan casi una década en celebrarse y sentencias que a veces nunca llegan a dictarse. La Fiscalía de Galicia hace un diagnóstico crítico de la situación de la Justicia en la comunidad y para combatir el “deficiente sistema organizativo” en la Administración judicial gallega, según reconoció ayer el fiscal superior, Carlos Varela, ha dado con el posible antídoto: aparcar las causas judiciales que están abocadas de antemano al archivo, bien por falta de pruebas, por no conocer al autor del delito, por tratarse de una mera falta administrativa o incluso por acumulación o inhibición de una misma causa en distintos juzgados.
Las cifras hablan por sí solas. De los más de 307.000 procesos penales abiertos en Galicia el año pasado, solo un 4,48% (13.762) llegan a juicio. Y en total, siete de cada diez casos denunciados en los tribunales gallegos acaban archivados. Ante este “desajuste” entre el volumen de procesos tramitados y el número de asuntos juzgados, el fiscal superior de Galicia hizo hincapié en el “desperdicio organizativo” que se produce en la Justicia gallega al dedicar “recursos humanos a procedimientos que no tienen futuro”. Y para aliviar el atasco judicial que arrastran desde hace años los tribunales gallegos y que sitúa a Galicia a la cabeza de las comunidades con más asuntos pendientes, Varela propone evitar la judicialización de los procesos penales que carezcan de prueba y que, por tanto, están condenados a su archivo. “Unos 100.000 asuntos proceden del ámbito policial y no tienen autor conocido, por lo que el juez acaba dictando su archivo”, apuntó el fiscal superior durante la presentación de la memoria de 2010.
Modelo organizativo
Con este cambio en la organización de la Justicia, apuntó, no solo se reduciría la sobrecarga de trabajo, sino que además permitiría destinar recursos humanos a otras partes del proceso “más necesitadas”, como es la ejecución de sentencias.
Aunque el traslado a los juzgados de las denuncias tramitadas por Guardia Civil y Policía Nacional se hace por imperativo legal, el Ministerio fiscal augura que la futura implantación en la Justicia del soporte electrónico permitirá desactivar el gran volumen de asuntos sobre los que finalmente los juzgados decretan el archivo y así aliviar la saturación de los órganos judiciales.
Otro de las viejas demandas que el fiscal superior de Galicia volvió a poner sobre la mesa del Ministerio del Interior fue la necesidad de poner a disposición de la Fiscalía una policía judicial para las investigaciones más complejas, como es el caso del Prestige, que a escasos meses de cumplirse nueve años de su hundimiento frente a las costas gallegas todavía no hay fijada una fecha para la celebración del juicio, o el concurso de acreedores de Fadesa, que en el aluvión de trabajo del proceso colocó el juzgado de lo Mercantil de A Coruña al 250% por encima de su capacidad de carga estimada para un año. “Hay que avanzar hacia un proceso penal para el siglo XXI. El fiscal no puede ser una cabeza sin brazos”, expuso Varela para urgir una policía judicial adscrita a la Fiscalía y con formación específica, así como “estructuras periciales” para abordar la investigación de delitos societarios o relacionados con el urbanismo.
En su intervención, el fiscal superior incidió en la “gran morosidad” de la gestión de la delincuencia compleja, en referencia a los delitos societarios, relacionados con el medio ambiente o el urbanismo. En este punto, hizo menciones a casos concretos en el ámbito laboral, donde se han dado casos que el juicio ha tardado ocho años en celebrarse. “Con la consiguiente dificultad que tiene para las pruebas y para que los testimonios recuerden tantos años después los hechos”, concluyó Carlos Varela.
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